Ernesto Álvarez sostuvo que la censura contra José Jerí fue promovida por Renovación Popular como parte de una estrategia política. En declaraciones a Expreso, señaló que si bien la medida fue legal, no necesariamente era la más adecuada en las circunstancias en que se produjo.

Álvarez explicó que la figura de la censura cuenta con respaldo normativo desde la época del gobierno de Valentín Paniagua, aunque precisó que, a su juicio, en este caso no correspondía aplicarla. Indicó que Jerí podría presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, pero aun si obtuviera un fallo favorable, este solo tendría efectos declarativos sin posibilidad de revertir los hechos consumados.

En relación con las investigaciones fiscales, manifestó que el Ministerio Público puede continuar en etapa preliminar y eventualmente avanzar a una fase preparatoria si encuentra indicios suficientes. Sin embargo, enfatizó que hasta el momento no existe una denuncia concreta que configure delitos como acoso u hostigamiento, lo que dificultaría sustentar una acusación penal.

Respecto a la contratación de personal fuera de planilla en el despacho congresal, consideró que se trata de una práctica irregular y reprochable, pero no necesariamente delictiva. Añadió que para configurar un ilícito sería indispensable probar una contraprestación indebida o el uso del cargo para favorecer intereses particulares, elementos que actualmente están bajo evaluación.

Finalmente, advirtió que la decisión del Congreso puede tener efectos en el proceso electoral en curso. Afirmó que negar la influencia del Gobierno en unas elecciones es desconocer la realidad peruana y sostuvo que, si el nuevo mandatario resultara ser de izquierda, la responsabilidad política recaerá en quienes promovieron la censura.