La delincuencia en Lima norte ha mutado en los últimos meses: si bien las denuncias por robos han mostrado una leve caída en varios distritos, los casos de extorsión están en aumento, marcando una nueva etapa en la inseguridad de esta zona de la capital.

Sin embargo, las respuestas municipales no son homogéneas y solo algunas gestiones han destinado recursos reales para enfrentar el problema.

De los ocho distritos que conforman la mancomunidad de Lima norte, solo San Martín de Porres y Los Olivos ejecutaron presupuestos en seguridad ciudadana durante el primer trimestre del año. El primero, bajo la gestión del alcalde Hernán Sifuentes, ha mantenido una línea constante de inversión en patrullaje y vigilancia, lo que coincide con una reducción sostenida en las denuncias por robo común. Sifuentes destacó que mientras los operativos logran contener ciertos delitos, la extorsión requiere estrategias más complejas con apoyo de inteligencia policial.

En contraste, Los Olivos, si bien presenta una caída en la cifra global de robos respecto a años anteriores, experimentó un repunte en los meses recientes. Entre febrero y marzo, las denuncias por robo simple y agravado se incrementaron notoriamente. Mientras tanto, Santa Rosa registra un panorama aún más preocupante, con más robos que en años anteriores y sin un sistema de vigilancia funcional: cámaras sin instalar, monitores apagados y postes vacíos marcan la inacción municipal.

Las diferencias de capacidad operativa son también evidentes. San Martín de Porres lidera en cantidad de vehículos y cámaras, muchas de ellas adquiridas en esta gestión, mientras distritos como Independencia se apoyan en el renting o en dispositivos prestados por centros comerciales y vecinos. Además, la brecha salarial entre serenos motorizados en diferentes jurisdicciones ha generado problemas para captar personal, lo que afecta directamente la capacidad de respuesta.

Aunque recientemente el Congreso aprobó una ley para implementar unidades de flagrancia, solo San Martín de Porres y Puente Piedra habían comenzado ese proceso antes de la norma. Esta disparidad de acciones refuerza la radiografía de una Lima norte fragmentada, donde los esfuerzos contra la criminalidad dependen más del liderazgo local que de una estrategia regional articulada.