El Equipo Especial Lava Jato dejó de existir tras la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, quien dispuso su desactivación mediante resoluciones publicadas en el diario oficial. La medida, que también alcanzó a los equipos Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos, concreta un anuncio que el propio Gálvez venía adelantando desde hace meses y marca un giro en la estructura con la que el Ministerio Público investigó los principales casos de corrupción vinculados a Odebrecht.

La decisión no sorprendió a los integrantes del sistema de justicia, ya que el fiscal interino había señalado que el cierre se produciría el 6 de enero, fecha que vinculó simbólicamente con “el fin de los reyes”, en alusión directa a Rafael Vela y José Domingo Pérez. Pese a los pedidos públicos de reconsideración formulados por Vela, la Fiscalía ratificó el fin del modelo de trabajo especializado que operó durante casi una década y que este año logró la condena de dos expresidentes peruanos.

En el caso de Rafael Vela Barba, la resolución dispone de manera expresa la conclusión de su designación como coordinador del Equipo Especial Lava Jato, cargo que ejercía desde la creación de esta instancia. Sin embargo, la medida no implica su salida del Ministerio Público, ya que continuará desempeñándose como fiscal superior en las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, aunque sin funciones de coordinación ni un despacho específico asignado.

Respecto a José Domingo Pérez Gómez, la norma establece el término de su incorporación al Equipo Especial Lava Jato junto con la del resto de fiscales provinciales y adjuntos que integraban la estructura. Pérez será redistribuido dentro del subsistema de fiscalías especializadas en lavado de activos, específicamente a una de las fiscalías supraprovinciales de esta materia, aunque el documento no precisa el despacho concreto ni los casos que asumirá en esta nueva etapa.

La resolución también alcanza a todos los fiscales que conformaban los ocho despachos del Equipo Especial Lava Jato, cuyos nombres figuran en un anexo. Para ellos se ordena la redistribución hacia fiscalías supraprovinciales y superiores especializadas, manteniendo su categoría, plaza y condición funcional, pero dejando para una fase posterior la asignación específica de funciones y expedientes.

Con esta reorganización, el Ministerio Público elimina la figura de una coordinación centralizada para los casos Lava Jato y diluye la estructura autónoma que caracterizó estas investigaciones durante años. Aunque la Fiscalía sostiene que los procesos continuarán bajo una nueva organización administrativa, la desactivación del equipo marca el cierre de una etapa clave en la lucha anticorrupción y abre interrogantes sobre el futuro manejo de los casos emblemáticos.