El Gobierno aprobó un decreto de urgencia que permitirá agilizar la ejecución de intervenciones de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente al fenómeno El Niño 2026-2027 mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. La medida busca movilizar recursos y capacidad de ejecución del sector privado para reducir los riesgos sobre la población, la infraestructura pública y los servicios esenciales.

? Conoce cómo se ejecutan los servicios por impuestos para atender emergencias de manera ágil y transparente. ?
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— MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) September 8, 2026

El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 establece que las entidades públicas podrán priorizar y ejecutar, bajo este mecanismo, Servicios e IOARR de emergencia vinculados con la atención del fenómeno climático en zonas comprendidas en estados de emergencia. La norma amplía temporalmente el alcance de Obras por Impuestos a intervenciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la infraestructura estratégica de defensa civil, ámbitos que no estaban comprendidos de manera integral en la legislación vigente.

La decisión se sustenta en las proyecciones del ENFEN, que mantiene la alerta por El Niño Costero y advierte una alta probabilidad de que persista hasta el verano de 2027. Según el informe técnico citado por el Ejecutivo, entre setiembre de 2026 y enero de 2027 existe una probabilidad de al menos 62 % de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria, mientras que en el Pacífico ecuatorial central se prevé una magnitud muy fuerte durante el mismo periodo.

Además, el Gobierno declaró previamente el estado de emergencia en 893 distritos por peligro inminente ante intensas precipitaciones.

Entre las principales medidas, el decreto dispone que la selección de empresas privadas y entidades supervisoras se realice mediante contratación directa. El procedimiento establece plazos reducidos: las empresas invitadas tendrán cinco días hábiles para presentar sus propuestas y el comité especial contará con dos días para evaluarlas. Asimismo, la aprobación del expediente técnico tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles y la emisión de los certificados de inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se realizará en hasta cinco días hábiles.

La norma también permite que las propias entidades públicas asuman directamente la supervisión de las intervenciones y establece que, excepcionalmente, no será necesario solicitar el informe previo de la Contraloría General de la República. Esto no impedirá que el organismo de control ejerza sus competencias mediante control simultáneo y posterior. El Decreto de Urgencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que Proinversión realizará el seguimiento de los proyectos y emitirá informes mensuales al Ministerio de Economía y Finanzas.

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La norma permite utilizar el mecanismo de… pic.twitter.com/m92XAeyIZu

— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 7, 2026