El gobierno de Dina Boluarte planea destinar S/7,580 millones para adquirir 24 aviones de combate de “última generación”, entre ellos el modelo Rafale, fabricado en Francia.

Esta inversión, que forma parte de la fase I del Proyecto de Adquisición de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), será financiada a través de un préstamo solicitado al Banco de la Nación. De los 24 aviones, solo la mitad será adquirida en esta etapa, lo que implica que el costo final podría superar los S/15,000 millones.

La decisión de financiar esta compra ha generado controversia, dado que el país enfrenta graves problemas sociales como la delincuencia, los desastres naturales y deficiencias en los sistemas de salud y transporte. Con el mismo presupuesto, el gobierno podría construir hasta 27 hospitales como el Instituto de Salud del Niño de San Borja, o implementar cuatro nuevas líneas del Metro de Lima.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, también anunció la adquisición de dos aviones de transporte militar, uno de los cuales, con un valor superior a los S/294 millones, podría reemplazar el actual avión presidencial utilizado por Dina Boluarte para sus viajes al exterior.

Ante la crisis social y económica que atraviesa el país, muchas voces se han alzado cuestionando la prioridad de esta compra. Según la abogada Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones públicas, este tipo de endeudamiento interno se maneja usualmente sin mayor transparencia, lo que ha intensificado las críticas.

En paralelo, la FAP solicitó financiamiento adicional para adquirir dos aviones Spartan, necesarios para combatir desastres naturales como los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en Lambayeque. Sin embargo, este financiamiento aún no ha sido aprobado.

Mientras el gobierno destina recursos a la renovación de la flota aérea militar, el Perú continúa enfrentando problemas urgentes como el aumento del crimen organizado, deficiencias en infraestructura sanitaria y la falta de respuestas inmediatas ante desastres naturales.