El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días calendario, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Durante la vigencia de la declaratoria, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. La institución policial determinará las zonas de intervención a partir de información de inteligencia, mapas del delito, estadísticas e indicadores, con énfasis en los sectores considerados críticos.

La norma también dispone la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la PNP, que tendrá a su cargo articular las acciones de las instituciones involucradas y establecer objetivos y metas frente a la criminalidad. Asimismo, se conformarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica.

Las fuerzas integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal realizarán acciones de control territorial, patrullaje permanente y disuasivo, rastrillajes y operativos de control de identidad. Además, se intensificarán los operativos contra armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, así como la fiscalización de mercados ilegales relacionados con drogas, armas, autopartes, tarjetas SIM y celulares de procedencia dudosa.

La estrategia contempla reforzar la inteligencia policial, penitenciaria y financiera mediante la integración de información y el uso de videovigilancia, drones e imágenes satelitales. También se fortalecerá el control de los establecimientos penitenciarios para impedir comunicaciones ilícitas y se promoverá una respuesta más rápida del Ministerio Público y el Poder Judicial. Durante estos 60 días se intensificará, además, la difusión del sistema de recompensas para facilitar la captura de requisitoriados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios. La declaratoria implica la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a la Constitución.