La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la incorporación de las empresas operadoras de telefonía móvil y de las entidades del sistema financiero a las mesas de trabajo que buscan enfrentar el crimen organizado y las extorsiones contra el transporte público. El anuncio se realizó durante una reunión multisectorial en Lima con dirigentes de gremios de transporte de Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash.

Fujimori explicó que la participación del sector privado permitirá intervenir sobre los canales utilizados por las organizaciones criminales para realizar el cobro de cupos. “Tenemos que, en esta mesa, incorporar a los operadores de celulares y al sistema financiero, porque ya sabemos que los cupos y las extorsiones vienen por esos canales”, señaló la mandataria.

El Ejecutivo anunció además la creación de dos mesas de trabajo especializadas para atender las demandas de los transportistas. Una estará enfocada en aspectos de regulación estatal y económica y será liderada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, mientras que la segunda abordará exclusivamente el fortalecimiento de la seguridad ciudadana bajo la conducción del ministro del Interior, César Astudillo.

La presidenta sostuvo también que la estrategia contra la criminalidad incluirá cambios en el sistema migratorio y en los mecanismos de expulsión, además del fortalecimiento de las labores de inteligencia. Según explicó, el objetivo es impedir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes criminales y facilitar la expulsión de quienes incurran en delitos, como parte de una estrategia integral contra las organizaciones delictivas.

Por su parte, Astudillo informó que se incrementará la presencia policial en empresas de transporte, paraderos y buses, y aseguró que se continuarán fortaleciendo las herramientas de la Policía para enfrentar al crimen. El plan contempla además ampliar las unidades de flagrancia, extender el Plan Escudo con apoyo de las Fuerzas Armadas y poner en funcionamiento una nueva plataforma destinada exclusivamente a combatir la extorsión a nivel nacional.