A pocos meses de las elecciones generales de 2026, el Perú enfrenta un escenario electoral complejo, marcado por una fuerte fragmentación política, un elevado número de organizaciones en competencia, una cédula inéditamente extensa y un clima de desconfianza acumulado de procesos anteriores.

En ese contexto, el miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, advierte que el mayor peligro no es la posibilidad de un fraude, sino el intento de reinstalar la narrativa de fraude para deslegitimar los resultados.

Ramírez sostiene que, tras asumir funciones en marzo de 2022, revisó directamente las acusaciones respecto a procesos anteriores y afirma que no encontró evidencia alguna que respalde denuncias de manipulación. A su juicio, lo ocurrido fue un fenómeno político y comunicacional alimentado por desinformación, así como por la incapacidad de ciertos actores para aceptar resultados adversos. Sin embargo, reconoce que el riesgo de cuestionamientos persiste e incluso podría intensificarse en 2026 debido al contexto electoral.

El magistrado señala que la extrema atomización partidaria tiene su origen en la drástica reducción del requisito de firmas para inscribir un partido político, que pasó de 3 % del padrón electoral a solo 0,1 %, permitiendo que decenas de organizaciones accedan al sistema. A ello se sumó la eliminación de las elecciones primarias obligatorias, lo que contribuyó a que la oferta política se multiplique sin filtros suficientes. Hoy se mantiene la expectativa de un proceso con 38 organizaciones políticas en competencia y un voto cada vez más disperso.

Ramírez advierte que la complejidad técnica del proceso podría impactar especialmente en zonas rurales, amazónicas y en poblaciones que no tienen el castellano como lengua materna, donde el tiempo de votación aumentará significativamente y el riesgo de votos nulos o viciados será mayor. En ese contexto, cualquier resultado estrecho podría convertirse en argumento para cuestionamientos políticos posteriores. El magistrado subraya que el JNE aplica las normas, pero estas son definidas por el Congreso.

En materia de legitimidad democrática, el integrante del JNE expresa su preocupación respecto a que el próximo presidente pueda llegar al poder con un respaldo ciudadano muy bajo. “Espero que los candidatos que pasen a segunda vuelta alcancen al menos dos dígitos”, afirma, al advertir que una autoridad con escasa votación comprometería seriamente la gobernabilidad. Si bien la valla electoral permitirá una depuración posterior, no evitaría un Congreso altamente fragmentado.

Finalmente, Ramírez destaca que el sistema electoral ha reforzado sus mecanismos de fiscalización y lucha contra la desinformación, aunque reconoce que el desafío comunicacional es desproporcionado. Reitera que el verdadero riesgo no está en la integridad de las elecciones, que asegura están garantizadas, sino en el relato que pueda construirse para intentar desacreditarlas. Por ello, llama a los medios, instituciones y ciudadanía a actuar con responsabilidad y fortalecer la confianza democrática.