La situación de Delia Espinoza Valenzuela quedó en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dejó al voto la propuesta de destituirla como fiscal suprema titular, decisión que implicaría su salida definitiva de la Fiscalía de la Nación. El proceso disciplinario se originó en setiembre de 2025 y se da luego de que Espinoza fuera inhabilitada por el Congreso en diciembre del mismo año.

La propuesta de destitución se sustenta, principalmente, en no haber ejecutado de manera inmediata la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en junio del año pasado. Según el informe instructor, esta omisión habría comprometido gravemente los deberes funcionales del cargo y afectado el normal ejercicio de las competencias de la JNJ.

Durante la audiencia del miércoles 22 de enero, Espinoza rechazó haber incurrido en faltas muy graves y sostuvo que las decisiones adoptadas se realizaron de forma colegiada por la Junta de Fiscales Supremos. Señaló, además, que solicitó aclaraciones a la JNJ sobre la citada resolución, negando haber actuado de manera arbitraria o irregular.

El informe de la consejera instructora María Teresa Cabrera atribuye a Espinoza tres hechos considerados muy graves: no ejecutar de inmediato la reposición de Benavides; no haberla recibido ni canalizado su requerimiento cuando acudió a la Fiscalía el 16 de junio de 2025; y haber permitido la permanencia prolongada de personal fiscal y administrativo en los pasadizos del despacho de la Fiscalía de la Nación ese mismo día, en un contexto de exposición mediática indebida.

Espinoza cuestionó duramente las conclusiones del informe y afirmó que se trata de un documento basado en conjeturas. Incluso acusó a los miembros de la JNJ de incurrir en avocamiento indebido, señalando que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, archivó la investigación seguida contra los consejeros por estos hechos vinculados al caso Benavides.

El Pleno de la JNJ deberá emitir su decisión final tras evaluar los argumentos de la defensa y el informe instructor, en un escenario marcado por la crisis de titularidad del Ministerio Público. La eventual destitución de Espinoza no solo definiría su situación personal, sino que también tendría impacto directo en el equilibrio institucional del sistema de justicia.