Por José Luis Gil, publicado en Perú21

El desborde criminal del martes 9 de enero en Ecuador debe llamar seriamente nuestra atención y plantearnos con honestidad si los peruanos pensamos transitar ese camino en los próximos meses y años. El secuestro de un canal, de custodios penitenciarios, o el ingreso violento en universidades y hospitales, así como el asesinato a mansalva de dos policías y más de 10 civiles, es solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más grande que está en desarrollo y que se expande en todo Sudamérica.

Al parecer, el propósito de los criminales ecuatorianos fue dar un mensaje al presidente Daniel Noboa Azin para que detenga la estrategia militar y policial con las que pretende combatirlos. La respuesta del Gobierno, por el contrario, ha sido firme y ha generado unidad entre los poderes, como el caso del Congreso de Ecuador que se ha puesto de pie y elabora normas para amnistiar a quienes en cumplimiento de la Ley se enfrenten a los criminales.

El incontrolable crecimiento del fenómeno macrocriminal en la región sudamericana tendría como precursor principal la permanente y sostenida estrategia política de gobiernos progresistas, quienes propugnan siempre relativizar a las fuerzas del Orden e implementar “políticas” para “resocializar” a los criminales. Esto, como es obvio, ha fracasado totalmente.

Ya lo ha mencionado el periodista ecuatoriano Antonio Gonzales de Radio Morena a un medio local sobre lo que pasa en Ecuador. Confirma que lo sucedido es por “la despreocupación de los gobiernos anteriores”. Asimismo, confirmando la premisa anterior, la expresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga dijo al mismo medio que “la baja institucionalidad y el alto grado de impunidad en su país han permitido a los criminales continuar cometiendo delitos”.

En el Perú por ahora solo estamos atacando la punta del iceberg. Las esforzadas y peligrosas capturas hechas por la Policía Nacional del Perú, que son en algunos casos repetitivas por la “puerta giratoria” en que jueces y fiscales han convertido a la justicia peruana liberando criminales en tiempo récord, no permite desarrollar una estrategia eficaz en el territorio nacional. Las fronteras convertidas en verdaderas “coladeras” tampoco ayudan en este esfuerzo.

Por eso planteamos nuevamente al Gobierno, para que implemente una estrategia internacional clara, liderando la unidad sudamericana en la lucha contra la criminalidad, la estrategia jurídica que permita devolver de manera real y efectiva la investigación a la PNP, eliminar beneficios penitenciarios a los crímenes violentos, implementar cárceles transitorias para reos primarios o para quienes pronto cumplirán condena o para los delitos no violentos, y, una estrategia operativa con una inversión histórica en inteligencia operativa policial para desincentivar el crimen y restablecer el principio de autoridad y orden que debe imperar en el País; si no, ya fuimos. ¡Sí se puede!