La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez Huanca, presentó un proyecto de ley que propone derogar los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, con el objetivo de frenar el proceso de incorporación de capital privado en activos de Petroperú. La iniciativa, registrada como proposición legislativa N.° 00458-2026-2031-CD, se encuentra en comisión en la Cámara de Diputados.

La propuesta plantea excluir nuevamente a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada contempladas en el Decreto Legislativo N.° 674. Según el proyecto, la derogación de ambos decretos impediría que ProInversión continúe estructurando mecanismos para atraer capital e inversionistas privados para activos de la empresa estatal.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación del esquema de “bloques patrimoniales autónomos” establecido para reorganizar los activos de Petroperú. Este mecanismo puede comprender instalaciones como la Nueva Refinería de Talara y otros activos estratégicos, que pueden ser incorporados a procesos de promoción de la inversión privada. La exposición de motivos del proyecto sostiene que este esquema abre la posibilidad de participación privada en dichos activos.

El proyecto también plantea que la Sunat devuelva a Petroperú S/6,049 millones para fortalecer su capital de trabajo. De acuerdo con la iniciativa, S/4,218 millones corresponderían a recursos vinculados con las pérdidas generadas por la venta de combustibles en zonas de la Amazonía sujetas a un régimen especial de exoneración del IGV, mientras que S/1,831 millones estarían relacionados con la recuperación anticipada del IGV por la construcción de la Refinería de Talara.

Márquez sostiene que los recursos permitirían reforzar financieramente a la petrolera estatal y cuestiona que la falta de liquidez sea utilizada como argumento para impulsar la participación privada. De aprobarse la propuesta, se dejarían sin efecto los decretos que actualmente sirven como base para reorganizar determinados activos de Petroperú mediante bloques patrimoniales y facilitar su eventual incorporación a mecanismos de inversión privada.