Durante una entrevista en el programa Con el Pie Derecho, de Alfonso Baella Herrera, emitido por la señal de Bethel Radio 100.1 FM, la senadora Katherine Ampuero explicó su posición sobre la labor de fiscalización que debe ejercer un parlamentario. Señaló que, desde su perspectiva, fiscalizar no consiste en acudir a una institución para realizar un recorrido junto a sus autoridades, sino en investigar previamente las denuncias presentadas por ciudadanos y luego acudir al lugar para verificar los hechos.

Ampuero puso como ejemplo una intervención realizada en el Hospital del Niño, a raíz de denuncias sobre ocho salas de cirugía que debieron culminarse en 2023 y que, según afirmó, permanecen inconclusas. La senadora sostuvo que acudió al establecimiento específicamente para verificar esa situación y constató que las ocho salas, además de un ambiente de esterilización, no habían sido terminadas. Según explicó, esta situación ocasionaría que diariamente alrededor de trece niños dejen de ser operados.

La parlamentaria indicó que, a partir de la fiscalización de esta obra, encontró lo que calificó como “graves hechos de corrupción”, en los que estarían involucrados funcionarios y empresarios. Ampuero sostuvo que este tipo de intervenciones permiten determinar por qué una obra no ha sido concluida y establecer eventuales responsabilidades, en lugar de limitar la labor parlamentaria a visitas protocolares a las instituciones.

Asimismo, la senadora se refirió a una denuncia que recibió sobre el alquiler de nueve ecógrafos en la DIRIS Lima Sur. Cuestionó que el Estado pague, según señaló, seis millones de soles por el alquiler de estos equipos durante 24 meses, cuando su adquisición habría representado un costo aproximado de dos millones y medio de soles. Ampuero afirmó que revisó el proceso de contratación y encontró indicios de que la licitación habría sido elaborada “a la medida” del consorcio ganador.

Finalmente, Ampuero señaló que una de las empresas que integraba dicho consorcio tenía originalmente como rubro principal la construcción y que, días antes de participar en la licitación, modificó su razón social y amplió su objeto social para incluir actividades vinculadas al sector salud. Según la senadora, la empresa pasó de registrar una facturación de aproximadamente 40 mil soles a obtener contratos por seis millones de soles, situación que consideró un elemento que debe ser investigado dentro de la fiscalización parlamentaria.