El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, manifestó que la norma que especifica la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos antes del 2002, "está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla".

"Es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla", expresó en conferencia de prensa.

"El Ejecutivo no tiene que aplicarla y corresponderá a los jueces y fiscales disponer si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el Tribunal (Constitucional) tenga que resolver. (...) La posición del Gobierno es de cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición de momento que corresponda a no aplicarla, pero esta norma está destinada para ser aplicada por jueces y fiscales", agregó. 

Consultado sobre si el Ejecutivo estaba a favor o en contra de la ley, Arana señaló que "vamos a tener que estar al margen de esto, porque, seguramente, va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad donde le corresponderá al Congreso responder desde su Procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables".