A través de la resolución de alcaldía 243 de la Municipalidad Metropolitana de Lima se resolvió prohibir la contratación de servicios de asesorías y consultorías salvo excepciones específicas.

De esta manera, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga busca prevenir que los escasos recursos con los que cuenta la institución que lidera sean despilfarrados en estudios que no resultan productivos ni favorables para la ciudadanía.

El segundo artículo de la resolución también restringe las contrataciones de terceros, locadores y CAS, permitiendo solo las contrataciones excepcionales en casos autorizados y con sustento.

El negocio de las consultorías lo habría aprovechado el grupo económico denominado caviar, el cual se encuentra enquistado en todo el aparato estatal para hacerse de contratos jugosos por la realización de trabajos cuestionables de incluso solo una o dos hojas de sustento.