Por Diana Seminario, publicado en El Comercio

Los niveles de violencia y crueldad que estamos presenciando en los últimos días solo podemos compararlos con los terribles años en los que los peruanos sufrimos el ataque de grupos terroristas.

Pareciera que nos hemos acostumbrado a escuchar que a diario muere alguien por el robo de un celular, un secuestro o un asalto a mano armada. Y ni qué decir del ataque a negocios de emprendedores que ven desvanecerse el producto de años de esfuerzo.

La ferocidad y sangre fría con que actúan los delincuentes es pasmosa.

Un caso que ha llamado profundamente la atención es el asesinato de Christian Andrés Zurita Rengifo de 18 años, que fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de que la familia no pudiera reunir el dinero que los secuestradores le exigían para liberarlo.

El monto inicial fue de S/25 mil y, al ver que los familiares no podían acceder a esa cantidad, les dijeron que les den S/400, poniéndoles un plazo. Cumplido el tiempo, los delincuentes mataron a Christian de un disparo en la cabeza, grabaron el crimen y enviaron el video a su familia con el mensaje “ahora llóralo”. Abandonaron su cuerpo en los Pantanos de Villa.

No solo indigna el grado de vileza y crueldad de los secuestradores, sino que también nos debe llevar a pensar que cualquiera puede terminar siendo víctima de secuestro. No importa si la familia tiene dinero o no. Hubo una época en la que el blanco de estos malhechores eran personajes de quienes podían obtener la plata rápidamente.

Llama la atención además que, pese a que la familia denunció el hecho y que incluso se localizó el celular de Christian, este haya muerto en manos de sus captores y estos se mantengan impunes. ¿Quién está investigando el crimen? Nada debe ser más importante que atacar este problema de fondo. Los criminales están sueltos.

El asesinato de Christian Andrés Zurita Rengifo debiera significar un parteaguas en la lucha contra el crimen y la inseguridad, pero la indiferencia subleva. Al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, no le pasa nada. En el Parlamento “piden su salida”, pero parece que los congresistas no se dan cuenta de que en sus manos tienen las herramientas constitucionales: la interpelación y la censura.

¿Acaso este horrible crimen no merecería también la interpelación al primer ministro Alberto Otárola? Los ciudadanos exigimos que las autoridades rindan cuentas por la crisis de seguridad. Creen en el Ejecutivo que con reorganizar los mandos policiales es suficiente, pero no lo es.

No hay autoridad, no existe liderazgo para acabar con los criminales que cada día se ensañan más con ciudadanos indefensos.

¿Tenemos oposición? Pareciera que hay un infame pacto tácito de un “no me tocas y no te toco” y, mientras tanto, los peruanos siguen muriendo en las calles.

Este es el momento de un giro de timón. Señora Boluarte: ¡abra la cancha! Convoque a los mejores. La prioridad y urgencia es el Ministerio del Interior.

Los peruanos no pueden seguir muriendo por la inacción y el desgobierno.

¡Ni una muerte más!

Diana Seminario es periodista