Alrededor de 2,324 obras públicas, que representan una inversión de S/33,167 millones, serán destrabadas gracias a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, según informó Elías Tapia Julca, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC). La ley, aprobada por el pleno del Parlamento, no solo busca destrabar obras detenidas, sino también prevenir la paralización de nuevos proyectos mediante la simplificación de su gestión.

Tapia Julca explicó que la nueva ley contiene una disposición complementaria que garantiza su entrada en vigencia inmediata, sin necesidad de esperar su reglamentación por parte del Ejecutivo. "Esta disposición permite que, una vez aprobada la ley, las entidades puedan contratar el saldo de obra bajo la modalidad de diseño y construcción, ya sea por concurso, oferta, o llave en mano, lo cual es un gran acierto", destacó.

Durante su participación en la conferencia "Análisis y comentarios de la nueva Ley de contrataciones del Estado", organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú, Tapia Julca indicó que la norma permitirá ejecutar rápidamente los saldos de las obras paralizadas.

No obstante, expresó preocupación por la implementación de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) para los contratos de servicios, ya que excluye las consultorías de obras. "En el proyecto inicial se incluía la JRD para bienes, servicios y obras. En el texto aprobado, solo se incluye para suministros y obras, no para consultoría", advirtió.

Según Tapia Julca, esta exclusión implica que los problemas relacionados con los estudios de preinversión y definitivos deberán esperar laudos arbitrales durante tres o cuatro años, lo que afectará la celeridad en el ciclo de los proyectos.