Organizaciones internacionales como DPLF, CEJIL y WOLA pronunciaron su rechazo al proceso del Congreso de la República que terminaría con la remoción inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante la moción 9525.

Advierten que tal acción no sigue el debido proceso ni el derecho a la defensa, y representa un ataque institucional prohibido por el derecho internacional, generando un potencial quiebre del orden constitucional y un grave menoscabo al régimen democrático.

Estas organizaciones de derechos humanos recalcan que la suspensión temporal de la Fiscal de la Nación busca resguardar la integridad de una investigación disciplinaria, y que puede ser impugnada conforme a la ley.

Además, enfatizan que el derecho internacional exige que el control político respete las garantías del debido proceso y la independencia judicial, y califican la posible remoción de los miembros de la JNJ como arbitraria, y que supuestamente tendría efectos directos en el equilibrio de poderes, la integridad del sistema electoral y el régimen democrático en el país.

Finalmente, el pronunciamiento hace un llamado al Congreso de la República para que, en el ejercicio de sus facultades, respete la independencia del sistema de justicia y cumpla con los compromisos asumidos por el Estado peruano en la Carta Democrática Interamericana ante la comunidad internacional.