El presidente del partido País Para Todos, Vladimir Meza, confirmó que la organización política sí tenía conocimiento del proceso judicial que enfrentó su candidato presidencial, Carlos Álvarez, por presunto peculado. Explicó que el caso fue revisado cuando se evaluó su postulación, y recordó que la sentencia condenatoria fue anulada por la Corte Suprema en 2007, por lo que no existía obligación legal de declararla ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Durante una entrevista en el programa Cuentas Claras de Canal N, Meza señaló que el expediente del caso fue examinado y que, al no existir una sentencia firme ni vigente, no correspondía consignarla en la hoja de vida del postulante. Enfatizó que la normativa electoral exige declarar únicamente condenas definitivas y que este supuesto no se aplicaba en la situación de Álvarez.

El dirigente político sostuvo que el marco legal es claro respecto a las obligaciones de información de los candidatos. Señaló que, si una sentencia ha sido anulada y no genera efectos penales, no forma parte de los antecedentes que deben reportarse en los formularios electorales. Añadió que el partido no interviene en asuntos personales de sus postulantes y afirmó que el tema ha sido utilizado políticamente para cuestionar la candidatura.

Según el expediente judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema emitió el 5 de diciembre de 2007 una resolución que absolvió a Álvarez del delito de peculado y dispuso la anulación de los antecedentes judiciales y policiales generados por el proceso. Con ello, quedó sin efecto la condena inicial dictada en 2002 y el caso fue cerrado en última instancia.

Las declaraciones de Meza se produjeron luego de un reportaje que cuestionó a Álvarez por no declarar el fallo del año 2002, argumento que fue retomado por algunos opositores políticos. Frente a ello, el presidente de País Para Todos reiteró que la información fue pública y que el fallo supremo resolvió definitivamente el tema, por lo que insistió en que no existe ocultamiento ni infracción a las normas electorales.

En paralelo, Meza admitió que sí hubo un error administrativo relacionado con la declaración patrimonial del candidato, específicamente en la omisión de un vehículo registrado a nombre de una empresa vinculada a Álvarez. Indicó que se trató de una confusión en el llenado del formulario y que el equipo legal del partido ya está realizando la subsanación correspondiente ante el JNE, asegurando que no hubo intención de ocultar información.