Fuente: fiscal adjunto en el Ministerio Público, anónimo

Ayer el Ministerio Público, lugar en el que trabajo más de 8 años como Fiscal adjunto, se ha visto sacudido por el espectáculo de ver detenido preliminarmente al asesor y brazo derecho de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva a quien le atribuyen el delito de tráfico de influencias y el pertenecer a una Organización Criminal por unos chats que habría tenido con unos congresistas en los que trató de influir en la elección del Defensor del Pueblo Josue Gutiérrez, la inhabilitación de la ex Fiscal Zoraida Ávalos y el intento de defenestrar a la Junta Nacional de Justicia. 

Como Fiscal que ha participado en innumerables casos y operativos anticorrupción he quedado sorprendido por la impactante información que tiene la resolución judicial del juez (ex fiscal) Chávez Tamariz, pero también por la falta de análisis de cuestiones cruciales que terminan privando de la libertad a una persona y siendo utilizada para pedir la remoción de la Fiscal de la Nación. 

La prueba principal contra el ex Asesor Jaime Villanueva, y lo que ha producido el revuelo mediático, reside básicamente en los chats de WhatsApp que habría realizado Jaime Villanueva con uno o varios congresistas con el fin de lograr determinados beneficios en votaciones y decisiones del Congreso de la República. Sin los chats no habría caso, porque en la resolución judicial no se cita alguna declaración de un testigo (protegido o no), de un colaborador eficaz; no se alude a una autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones como tampoco se menciona la existencia de videovigilancias.

En relación a los chats de WhatsApp que sustentan el caso, la resolución judicial no menciona para nada, cómo y de qué manera se habrían obtenido, quién los habría aportado (un congresista, su asesor, etc.) y cómo es que la Policía y el Equipo Especial de Fiscales contra el poder los habría conseguido para ingresarlos a la investigación. No se cita alguna acta fiscal de entrega de celular o de extracción de información que valide en lo más mínimo lo sostenido en los chats. La nula referencia a este punto en el documento judicial abre la interrogante si los chats no han podido ser objeto y consecuencia de una violación al secreto de las comunicaciones (artículo 2. Inciso 10 de la Constitución).

Los Fiscales del país sabemos que cuando un testigo, coimputado o cualquier persona entrega conversaciones por wasap que dice se han sostenido, no basta que se aporten los pantallazos que pueden ser adulterados o burdamente manipulados, sino que se debe proporcionar el equipo celular debidamente identificado (número de celular, modelo, serie, IMEI, etc.) para que se inicie la cadena de custodia y los peritos informáticos realicen la operación de extracción de información y de conversaciones relevantes. Nada de esto ha ocurrido y menos se señala en la resolución judicial en el que conste el cumplimiento de estas garantías mínimas no solo necesario para respetar el derecho de defensa del imputado, sino para generar un caso sólido y la confianza de la opinión pública. 

En la resolución judicial, no hay referencia en absoluto a una prueba objetiva que nos refiera y señale la autenticidad de los chats (acta de entrega de celular, la cadena de custodia, el número de celular, la diligencia de extracción de información de los chats) o que, por lo menos, alguien como, por ejemplo, un testigo los haya reconocido como suyos y admita el haber sostenido dicha conversación. Lo que únicamente existe son pantallazos o fotos de las conversaciones, pero no hay el más mínimo rastro que dichas conversaciones sean auténticas y genuinas. No hay tampoco una pericia informática que valide la extracción de la información del celular; no ha intervenido la oficina de peritajes del Ministerio Público para que certifique que se ha seguido el procedimiento para el manejo de la evidencia digital (Guía de ANÁLISIS DIGITAL FORENSE del Ministerio Público del 11.08.2020).

Las conversaciones de WhatsApp no aparecen en una Carpeta Fiscal por arte de magia, o porque a alguien se le ocurrió. Se debe cumplir con los protocolos nacionales e internacionales de tratamiento de la evidencia digital a fin de que los resultados sean confiables y un caso se pueda sostener de manera razonable. En las supuestas conversaciones que habría tenido el asesor Jaime Villanueva, los diversos periodistas y abogados que comentan superficialmente la resolución judicial no se hacen la pregunta central que un fiscal con una mínima información se preguntaría ¿cómo es que ha llegado y cómo se ha ingresado dicha información a la carpeta Fiscal, al requerimiento fiscal y a la autorización judicial? ¿Quién lo entregó, cuándo, dónde?. Simplemente, no lo sabemos.

En el mejor de los casos el hecho de que tal vez la Policía o el Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder quiera cuidar sus fuentes no es razón para que la información mínima y necesaria que se deba saber impida cumplir con motivar las resoluciones judiciales (artículo 139.5 de la Constitución). ¿Cómo es posible que estos datos mínimos no se encuentren en la resolución judicial de Chávez Tamariz, tan importante y delicada que afecta no solo la libertad de una persona, sino que pone en cuestionamiento la dirección del Ministerio Público?

Otro aspecto sorprendente, es la absoluta ligereza y superficialidad cómo se pretende construir el cargo de organización criminal contra las personas involucradas. Sobre la base de los (aparentes) chats de WhatsApp de una sola persona se pretende sostener y vincular a los demás asesores y a la Fiscal de la Nación en hechos en los que claramente no participan ni se ha demostrado que siquiera que sepan lo que Jaime Villanueva ha hecho. La afirmación que hace Jaime Villanueva de que era la única persona encargada de conversar a nombre de la Fiscal, lo único que demuestra es lo que él dice (en caso las conversaciones sean ciertas), pero no que efectivamente haya recibido la orden, el pedido de los demás asesores o de la Fiscal de la Nación. El hecho de que un asistente fiscal de mi despacho pida dinero a un justiciable, no me hace a mi corrupto y menos me involucra en las tratativas ilícitas que se llevan a cabo. 

Es una vergüenza para mi institución que se pretenda construir un caso de organización criminal sobre una base tan endeble y precaria de presumir de que cómo Jaime Villanueva y Miguel Girao, asesores de la Fiscal de la Nación, visitaron a congresistas lo hacían para sostener y realizar tratativas ilícitas. ¿Se ha llamado a declarar a los congresistas que recibieron esas visitas? ¿se ha pedido las cámaras de seguridad del congreso?. Se invierta de la manera más grosera la presunción de inocencia, al razonar que si los asesores visitaron congresistas (y se registraron formalmente; no se trata de una visita clandestina) lo hicieron para fines ilícitos. ¿Cómo se prueba que las conversaciones son ilícitas si ni siquiera se llama a los testigos de las reuniones?

Para terminar, es vox populi en el Ministerio Público que el operativo que se ha montado contra los asesores de la Fiscal de la Nación y la propia Fiscal de la Nación busca asegurar el ascenso como General del Coronel Harvey Colchado quien ofreció al primer Ministro Alberto Otárola y a la Presidente de la Fiscal de la Nación tumbarse a la Fiscal de la Nación siempre que le aseguren su ascenso, tal como lo hizo en el Gobierno de Ollanta Humala cuando ofreció a personas del entorno del Presidente destruir los audios del caso Madre Mía, siempre que se le nombre como Coronel de la Policía. Solo pregunten al Presidente Ollanta Humala para que lo confirme, situación que el ex Presidente rechazó por ser un abierto chantaje. Hay testigos de ello. No debe pasar por alto que el Premier Alberto Otárola en un reportaje de Panorama cuando fue abordado por el periodista mando saludos al “Filósofo” en franca referencia a Jaime Villanueva ¿Cómo el Premier sabía de un operativo secreto de la Policía y de la Fiscalía contra Jaime Villanueva, el día viernes de la semana pasada? ¿Quién le informó? ¿por qué el sabía de algo que solo tenía acceso un grupo reducido de fiscales y policías?. Se agrega también el hecho de que la esposa de Harvey Colchado Marcelita Gutiérrez Vallejos fue una de las personas de mayor confianza de Zoraida Ávalos, tanto que la llevó a trabajar área Enriquecimiento ilícito, y fue removida por Patricia Benavides.

En el caso de la Fiscal Marita Barreto debería explicar cómo es que llamó y se reunió con un abogado conocido para pedirle que asuma la defensa de la colaboradora eficaz Karelim López en el caso que había fraguado un certificado médico para justificar su inasistencia a una diligencia en el Congreso de la República. ¿Desde cuándo los fiscales son representantes de los investigados y se encargan de conseguirles a abogados; incluso de negociar sus honorarios? El caso del ex Fiscal, Telmo Zavala, abogado defensor de Sara Goday, no es casual ni aislado. En la Fiscalía sabemos que Marita Barreto impone a los investigados por su despacho, o por su equipo, a abogados de su entorno y confianza. El tema es serio y delicado porque el abogado ha grabado la conversación con Marita Barreto.