Un nutrido grupo de destacados juristas, políticos y líderes de opinión dirigió una carta abierta a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para expresar su respaldo formal a las propuestas presentadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda. El pronunciamiento aborda principalmente dos ejes de debate público: la urgencia de reestructurar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la iniciativa para traspasar la administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) hacia el sector Justicia.

En el documento, los firmantes señalan que las instancias del fuero supranacional han incurrido en un exceso de atribuciones en sus fallos recientes, lo cual habría afectado la imparcialidad de sus decisiones y vulnerado la soberanía judicial del país. Según expresan en el comunicado, esta supuesta politización del organismo internacional ha debilitado la confianza de la ciudadanía en la justicia externa, llegando incluso a generar situaciones que terminaron favoreciendo de manera indebida a personas condenadas por delitos de terrorismo.

Asimismo, los suscriptores cuestionaron las dinámicas geopolíticas de la región, argumentando que regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela acondicionaron durante años la diplomacia y los organismos supranacionales mediante condicionamientos económicos y petróleo a países pequeños. A su juicio, estas prácticas terminaron menoscabando la estabilidad, objetividad y el estricto cumplimiento de los acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales en el continente.

Respecto a la propuesta sobre el LUM, los firmantes respaldaron el traspaso de su gestión al Ministerio de Justicia argumentando que el recinto memorial actual padece de un enfoque sesgado e ideologizado que distorsiona su objetivo educativo fundamental. Sostienen que el espacio debe reorientarse hacia la afirmación de la pluralidad y el homenaje explícito a quienes defendieron la democracia, dejando de lado cualquier narrativa que equipare a los agresores con las víctimas del conflicto armado interno.

Finalmente, el pronunciamiento hace hincapié en la necesidad de visibilizar con prioridad el sacrificio de las poblaciones más vulnerables, en particular de las comunidades quechua hablantes, altoandinas y en situación de pobreza, a quienes califican como las principales víctimas del terrorismo en el Perú. La misiva fue suscrita por las siguientes 21 personalidades: