El déficit fiscal del país al cierre del 2025 se habría ubicado en 2,2% del producto bruto interno (PBI), de acuerdo con información preliminar difundida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Con este resultado, el país habría cumplido con la regla fiscal vigente para ese año, que establecía ese mismo porcentaje como límite máximo.

Según el resumen informativo semanal del BCR, esta cifra ya se había registrado en noviembre, lo que permitió consolidar el cumplimiento del objetivo fiscal anual. El resultado contrasta con lo ocurrido en el 2023 y 2024, cuando el país superó las metas establecidas; en particular, en el 2024 el déficit alcanzó el 3,4% del PBI, por encima del límite de 2,8%.

El banco central explicó que el desempeño fiscal del 2025 se sustentó principalmente en un incremento de los ingresos corrientes, especialmente los tributarios, así como en una reducción del gasto no financiero. En términos absolutos, el déficit fiscal del año pasado ascendió a S/26.806 millones, una cifra menor a los S/38.266 millones registrados en el 2024.

Durante el 2025, los ingresos corrientes del Estado crecieron 11%, mientras que el gasto público aumentó 5,1%, de acuerdo con las cifras del BCR. Esta combinación permitió una mejora significativa en las cuentas fiscales y una reducción aproximada de 1,2 puntos porcentuales del déficit frente al año previo.

Con base en esta información, el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que el Perú se habría ubicado entre los países con menor déficit fiscal de la región en el 2025, con niveles inferiores a los de Colombia, México y al promedio de América Latina y de las economías emergentes. Además, subrayó que el ajuste fiscal logrado fue uno de los más relevantes en comparación con el 2024.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, señaló que este resultado refleja un manejo responsable y consistente de las finanzas públicas, enmarcado en un proceso de consolidación fiscal gradual. Asimismo, recordó que en los últimos meses del 2025 se aprobaron medidas extraordinarias para reforzar la austeridad fiscal, priorizar proyectos con expediente técnico y limitar gastos no esenciales, sin afectar sectores clave como salud y educación, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica.