La reciente decisión del Poder Judicial (PJ) de reponer a los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado controversia entre expertos constitucionalistas. Natale Amprimo, Enrique Ghersi y Ernesto Álvarez Miranda coinciden en que esta acción del PJ es "inconstitucional" al desconocer un fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Según los expertos, la medida cautelar otorgada por la Primera Sala Constitucional de Lima, que salvó a los dos magistrados de la inhabilitación política, contradice la sentencia del TC que amparó los procesos políticos del Congreso, incluyendo la destitución de los consejeros de la JNJ.

Amprimo consideró la resolución judicial como imprudente y sostuvo que el Congreso debe recurrir a la ejecución de la sentencia del TC para anular la medida cautelar que suspendió la resolución legislativa.

Ghersi opinó que el fallo judicial es manifiestamente ilegal y que los jueces tienen un conflicto de intereses al decidir sobre procesos que competen al Congreso. Álvarez Miranda coincidió en que la acción del PJ es desacertada y contraria a la Constitución.

Esta controversia refleja un punto crítico en la relación entre los poderes del Estado y la interpretación de sus competencias, destacando la importancia del respeto a las decisiones judiciales y la separación de poderes en un Estado de derecho.