Un acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú ha generado cuestionamientos luego de que se dispusiera cambiar a contrato a plazo indeterminado la situación laboral de determinados trabajadores con varios años de servicio. La medida fue adoptada el 29 de diciembre de 2025 mediante el Acuerdo 101-2025-2026/MESA-CR, emitido pocas horas antes de finalizar el año.

La decisión beneficia a servidores que mantenían contratos a plazo fijo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y que cuentan con más de cuatro años de trabajo ininterrumpido en el Parlamento. Con el cambio aprobado, estos trabajadores pasan a tener contratos sin fecha de vencimiento, lo que implica que solo podrán ser cesados por causa justificada, despido arbitrario o mediante el pago de indemnización correspondiente.

El acuerdo también contempla a empleados con más de cinco años de servicios acumulados bajo el mismo régimen laboral o bajo el sistema de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como a quienes registren más de diez años de trabajo discontinuo en el Congreso bajo estas modalidades. Según el documento, la disposición alcanza de manera excepcional a un grupo de 11 trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos.

La iniciativa fue planteada por el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) y recibió la opinión favorable de las áreas de Asesoría Jurídica y de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Parlamento. Estas oficinas señalaron que existía disponibilidad presupuestal para aplicar el cambio de régimen laboral a los servidores beneficiados.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi cuestionó la medida y pidió que tanto el Ministerio Público del Perú como la Contraloría General de la República del Perú intervengan de oficio para investigar el acuerdo. A su juicio, la decisión podría implicar un uso indebido de los mecanismos laborales dentro del Parlamento.

Rospigliosi también criticó que el acuerdo se haya aprobado cuando faltan pocos meses para el término del actual periodo legislativo y advirtió que podría tratarse de un intento de asegurar la permanencia de determinados trabajadores dentro de la planilla estatal. Asimismo, cuestionó que aún no se haya aprobado un estatuto parlamentario que establezca reglas más estrictas para la contratación y permanencia de personal en el Congreso.