Una reciente investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ha desatado controversia al centrarse en el exministro Hernán Garrido Lecca por supuesto tráfico de influencias en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a favor de Patricia Benavides, sin embargo, no ha indagado sobre el papel de los magistrados involucrados.

La resolución de allanamiento señaló presunta influencia de Barreto en miembros de la JNJ y la Junta de Fiscales Supremos para dos nombramientos. Garrido Lecca desafió estas afirmaciones, solicitando interrogar a los implicados. El operativo también involucró a varios individuos, incluyendo a Claudia Ruiz Mesías, esposa de un fiscal, y Rudy Aguedo del Castillo, funcionario vinculado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Esta investigación se fundamenta en declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides. Sin embargo, la evidencia presentada parece confirmar hechos públicos y carece de sustento en cuanto a los actos delictivos señalados por los testigos.

El caso se complica al señalar una conspiración para que la fiscal suspendida sabotee procesos del caso Lava Jato, alegando coordinaciones entre Garrido Lecca, Hauyón y miembros de la JNJ para favorecer a Benavides. No obstante, no se solicita acción contra otros involucrados.

Estos eventos sugieren una posible doble medida en la investigación, enfocada en unos y pasando por alto otros. Los implicados desafían estas alegaciones, destacando la falta de pruebas sólidas y la necesidad de indagar a todos los involucrados para esclarecer la situación.