La Corte Suprema ha ratificado por unanimidad los 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción. La decisión se tomó tras desestimar la apelación presentada por su defensa legal.

Según el informe de la sala, presidida por el juez César San Martín, los argumentos de la defensa fueron considerados "ilógicos, imprecisos y vagos". Las pruebas presentadas no resultaron pertinentes ni útiles para la revisión de la medida de prisión preventiva.

Esta decisión refuerza la medida adoptada contra Castillo por los delitos de corrupción durante su gestión como presidente de la República. Además, el exmandatario enfrenta cargos por rebelión debido al golpe de Estado que protagonizó en diciembre de 2022.

Por otro lado, en un caso relacionado, el Poder Judicial declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada por Castillo, quien alegaba vulneración de sus derechos al debido proceso y presunción de inocencia.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó los cuestionamientos del ex presidente al acta de intervención policial y su pedido de sobreseimiento e inmediata libertad.