Por Javier Díaz Orihuela, exsenador de la República, publicado en Expreso

Los partidos tradicionales son víctimas de la nefasta “Ley de Organizaciones Políticas 28094” (noviembre 2003), elaborada por politicólogos, teóricos por excelencia que nunca experimentaron lo que es militar en un partido. Se argumentaba que era para fortalecer el sistema democrático. Los hechos comprueban lo contrario.

A veinte años de vigencia –con sucesivas reformas– sus consecuencias son negativas. La tragedia política que hoy se aprecia recae sobre los tres grandes partidos tradicionales: Acción Popular (AP), el Partido Aprista Peruano (PAP) y el Partido Popular Cristiano (PPC); instituciones que han modernizado el país plasmando significativa obra pública, que suman décadas de existencia y cientos de miles de militantes, además de representaciones exitosas con presidentes de la República, parlamentarios, gobernadores, alcaldes.

Así, pareciera que el objetivo era desaparecer a los grandes actores de la política nacional. A los partidos PAP y PPC –con credenciales democráticas– les cancelaron sus inscripciones.

El caso de Acción Popular es ilustrativo, diría emblemático. Basado en las mencionadas sucesivas reformas, entre ellas la vizcarrista –regula la inscripción de partidos, financiamiento, democracia interna, la no reelección congresal, la paridad y alternancia en las listas–, la reglamentocracia junto con la arbitrariedad ejercida por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), virtualmente secuestraron durante los últimos ocho años la institucionalidad acciopopulista. Recién, hace cuatro semanas, el ROP-JNE ha inscrito al Comité Ejecutivo Nacional y a su secretario general Edmundo del Águila Morote.

Pese a recurrir a mil artimañas legales y reglamentaristas, el ROP-JNE, durante ese ochenio, no pudo cancelar a AP su inscripción. Sin embargo, logró que sus directivos nacionales no fueran reconocidos y, entonces, el partido quedó descabezado y proclive al manipuleo de pseudodirigentes. Fue gracias a normas electorales transitorias que pudo participar, con relativo éxito, en todos los procesos electorales municipales, regionales y nacionales.

Cualquier resultado electoral-dirigencial partidario está sometido a una obligada inscripción por el ROP. Su interpretación es decisiva para entrar en funciones. Lo más grave, permite la proliferación de decenas de partidos políticos: distritales, provinciales, regionales y nacionales generando un caos. En la práctica los partidos nacionales presentan candidatos a Congreso y plancha presidencial, pero pierden sus bases y gobiernos subnacionales lo que debilita su organización. El resultado son gobiernos regionales y municipales que, con respetadas excepciones, terminan inoperantes y manchados con escandalosos manejos corruptos. También el desgobierno en el Congreso por la aparición de numerosas bancadas desprendidas de los variopintos partidos nacidos al amparo de esa ley.

Se trata, de una inoperante Ley de Organizaciones Políticas y sus reformas que, al ejercer total control, convierte a los partidos en dependencias del ROP-JNE. Sin autonomía y sometidos a una serie de inaceptables cortapisas, el resultado es lo que vemos: la presente tragedia que impacta en todos los niveles del escenario político nacional. Se debe derogar las normas que entorpecen la dinámica vida democrática de los partidos. La permanencia de un partido lo dan los votos del pueblo y nadie más. Así, ¡reformemos las reformas políticas!