La candidatura de Mario Vizcarra con miras a las elecciones generales de 2026 atraviesa un escenario crítico y podría quedar definitivamente descartada por los impedimentos legales que pesan sobre el exmandatario. Lo que desde su entorno político se presentó como una alternativa viable para regresar al poder hoy enfrenta serios cuestionamientos jurídicos que amenazan con dejarlo fuera de la contienda electoral.

El debate se intensificó tras las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, quien advirtió que Vizcarra enfrenta restricciones insalvables para postular debido a la sentencia por peculado que registra en su contra. Esta posición ha sido respaldada por exautoridades del máximo intérprete de la Constitución, reforzando la tesis de que la postulación no se ajusta al marco legal vigente.

En esa línea, el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, sostuvo que la exclusión del candidato es prácticamente un hecho y que solo resta el pronunciamiento formal del Jurado Nacional de Elecciones. “Digamos que ya está fuera”, afirmó, al señalar que la normativa aplicable no deja margen para interpretaciones favorables a Vizcarra en este caso.

El principal sustento legal de esta postura es la Ley N.° 30717, que establece impedimentos para postular a cargos de elección popular a personas sentenciadas por delitos de corrupción, incluso cuando estas hayan sido rehabilitadas. Según Mesía, dicha norma no fue declarada inconstitucional y, por el contrario, quedó validada al no alcanzarse los votos necesarios en el Tribunal Constitucional para su derogatoria.

Frente a este escenario, la defensa de Vizcarra y su partido Perú Primero han solicitado al Jurado Electoral Especial de Lima Centro la inaplicación de la citada ley, alegando una vulneración de derechos fundamentales. El exmandatario ha sostenido públicamente que ya cumplió la condena impuesta y que se encuentra plenamente rehabilitado, por lo que considera que la restricción prolonga de manera indebida la sanción.

Pese a estos argumentos, especialistas advierten que la vigencia de la norma y el criterio mayoritario de las autoridades constitucionales colocan a la candidatura en una situación límite. La decisión final recaerá en el sistema electoral, que deberá definir si prima la aplicación estricta de la ley o si da curso al pedido de inaplicación presentado por Vizcarra, en un contexto de alta tensión política y jurídica.