Editorial de El Comercio

“La nueva refinería de Talara es el ejemplo más grande y caro de lo que ocurre cuando el Estado se empeña en fungir como empresario”.

Desde un principio, el proyecto de modernización de la refinería de Talara (PMRT) fue un sinsentido. Ahora, una década después de que comenzara su construcción, ya no queda lugar a dudas. Así, la que es por mucho la inversión productiva más grande en la historia del sector público peruano y cuyos promotores se empecinaron en sacarla adelante aduciendo su supuesto valor “estratégico” (un término al que se suele aludir cuando no se puede probar el valor económico de una obra) pasará a ser un buen (y caro) ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado se empecina en dárselas de empresario.

Esta semana, este Diario informó que Petro-Perú, encargado del proyecto, consignó en un documento remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que el costo de esta obra ya supera los US$6.500 millones, sumando el total de la inversión (US$5.538 millones) y los intereses preoperativos (US$991 millones). Esto es, US$600 millones más del monto consignado por la petrolera estatal en sus estados financieros auditados del 2022 (US$5.595 millones) y cinco veces más de lo que inicialmente se había estimado hace 16 años por la firma Arthur D. Little (US$1.334 millones).

Hay que decir que la noticia indigna, pero ya no sorprende. De hecho, desde que el PMRT empezó a construirse en el 2014, por decisión del expresidente Ollanta Humala, su costo se ha ido incrementando sostenidamente, lo que ha obligado a Petro-Perú a endeudarse para poder financiarlo. Esto, pese a que nunca ha quedado claro cómo su abultado costo se compensará con el dinero que pueda obtener por su actividad, ni por qué una empresa pública con tantos problemas de incompetencia debe asumir los riesgos de una inversión de este tipo. Por no mencionar que hablamos de un proyecto que no está destinado a cerrar ninguna brecha importante en educación, salud o infraestructura, que son muchísimo más prioritarias para el país.

Petro-Perú, por su parte, ha intentado desacreditar el destape de este Diario mediante una nota de prensa en la que sostienen que el costo de la nueva refinería de Talara no ha variado y “se mantiene en US$5.538 millones (sin intereses preoperativos)”. Sin embargo, la maniobra les salió mal, pues como explicó el exviceministro de Energía Arturo Vásquez, no tiene sentido que la petrolera estatal trate de suprimir el costo de los intereses preoperativos del total de la obra, pues estos “se pagan sobre los préstamos utilizados para financiar correcciones o adiciones a un proyecto antes de que empiece a producir”. Es más, según Vásquez, la refinería de Talara podría llegar a costar más de US$8.500 millones si consideramos los intereses posconstrucción.

Todo este tema llega además en un momento en el que el Gobierno ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que se encargará de evaluar y decidir si se otorga un nuevo aporte de capital para Petro-Perú por un valor de US$2.250 millones. No se trataría solamente de otro episodio en el que el dinero de los peruanos debe usarse para rescatar a la firma, sino que, según el experto en hidrocarburos Carlos Gonzales Ávila, esta plata sería usada por Petro-Perú para cubrir pasivos y cancelar deudas con proveedores. Si la situación de la empresa es tan precaria, con tantas deudas y con lotes abandonados (como el 192, que sufre constantes robos y saqueos según la contraloría), ¿cómo así el gobierno de Dina Boluarte ha decidido que administre los lotes I, VI y Z-69 durante dos años? ¿Para que puedan hacer caja de alguna manera?

Se dice que hay errores que se pagan caro, pero hay algunos que cuestan más. Son, por decirlo de una manera, errores multimillonarios. Y la nueva refinería de Talara pasará a la historia como uno de los más grandes de ellos. Como tantas veces en la historia del Perú, se trata además de un error por el que nadie se hará responsable.