Un chat entre Martín Vizcarra y el entonces ministro José Manuel Hernández, difundido en el marco del proceso penal contra el expresidente, revela que este conocía la ineficacia de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19, mientras públicamente las defendía como suficientes. El intercambio de mensajes, ocurrido el 17 de abril de 2020, muestra cómo se gestionaban pruebas moleculares para casos cercanos al entorno de gobierno, en contradicción con los anuncios oficiales.

En la conversación, Hernández advierte a Vizcarra sobre un posible brote en su familia y solicita apoyo urgente. Tras coordinar con Fiorella Molinelli, presidenta de Essalud en ese momento, se le asegura inicialmente una prueba rápida, aunque horas después el propio ministro confirma que finalmente recibió pruebas moleculares para descartar la infección. El hecho contrasta con los mensajes diarios de Vizcarra y el entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, quienes alentaban el uso masivo de pruebas rápidas.

El congresista Ernesto Bustamante, quien desde el inicio cuestionó la estrategia sanitaria, afirmó que el chat confirma que no se trató de un error, sino de una decisión deliberada. “No era ignorancia. Era conveniencia”, señaló, al advertir que el limitado acceso a pruebas moleculares fue utilizado para favorecer a allegados, mientras la población recibía diagnósticos imprecisos en plena expansión del virus.

Bustamante también recordó que Perú contaba con capacidad técnica para realizar pruebas moleculares en el Instituto Nacional de Salud, universidades y otros centros, pero que se optó por compras millonarias de pruebas rápidas a proveedores seleccionados sin licitación. A su juicio, esta decisión contribuyó a que el país registrara uno de los índices de mortalidad más altos del mundo, a pesar de tener una población menos vulnerable que otras naciones duramente golpeadas.

La denuncia constitucional contra Vizcarra, Zamora y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, fue presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y ya fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Los exfuncionarios podrían enfrentar cargos por colusión agravada en el marco de adquisiciones que superaron los seis millones de dólares, autorizadas mediante decretos de urgencia durante la etapa más crítica de la emergencia sanitaria.