Un grupo de 13 laboratorios y distribuidoras fue sancionado por el Indecopi por concertar precios en licitaciones públicas de medicamentos y obtener ganancias ilícitas por más de S/184 millones. Pese a que estas empresas eran investigadas por prácticas anticompetitivas, el Estado continuó adjudicándoles contratos por un total superior a S/780 millones entre 2024 y lo que va del 2025, según una investigación revelada por OjoPúblico.

De acuerdo con la resolución del Indecopi, el denominado cártel de medicamentos operó en al menos 23 procesos de compra entre 2006 y 2020, utilizando mecanismos de coordinación para repartirse productos y manipular precios. Entre las empresas sancionadas figuran Laboratorios Portugal, Medifarma, AC Farma, IQ Farma, Laboratorios Americanos, Teva Perú y B. Braun Medical Perú, entre otras. La autoridad de competencia impuso multas que superan los S/539 millones en primera instancia y también sancionó a cinco ejecutivos.

La investigación detalla que los representantes de las compañías usaban lenguaje en clave para ocultar acuerdos ilegales, como conversaciones que aludían a “intercambios de figuritas” para definir quién ganaría determinadas licitaciones. Estos elementos fueron corroborados mediante correos electrónicos, chats, archivos de Excel y otros documentos revisados por el Indecopi. OjoPúblico accedió a parte de este material, que evidencia coordinaciones directas entre competidores.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, ocho de las empresas involucradas continuaron recibiendo adjudicaciones millonarias del Estado. AC Farma lideró el ranking con S/195 millones, seguida por Laboratorios Americanos e IQ Farma. En conjunto, 11 de las 13 compañías del cártel recibieron más de S/651 millones en pagos efectivos entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía analizados por OjoPúblico.

Medifarma, identificada como la líder del cártel, concentró una parte significativa de las ganancias ilícitas y de las contrataciones públicas. La empresa también enfrenta cuestionamientos por otros casos, como la distribución de un suero defectuoso que provocó la muerte de pacientes este año. Aunque el Indecopi la multó y el Ministerio Público inició diligencias, la compañía ha seguido contratando con el Estado y ha rechazado las sanciones, anunciando que las apelará.

El Ministerio de Salud informó que evalúa acciones civiles para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, además de solicitar al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes que determine posibles sanciones adicionales. Sin embargo, hasta el cierre de esta información no se confirmó si estos procedimientos ya fueron formalizados. El caso, documentado por OjoPúblico, vuelve a poner en evidencia las debilidades del sistema de compras públicas y la falta de medidas oportunas para impedir que empresas investigadas sigan siendo proveedoras del Estado.