El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, exigió la destitución inmediata del titular de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y solicitó al Congreso la conformación urgente de una comisión especial investigadora para determinar responsabilidades por la paralización y desarticulación de proyectos de prevención frente al fenómeno El Niño.

El pedido fue formulado luego de una reunión con alcaldes provinciales y distritales y el diputado de la República Segundo Juan Castrejón Fernández, realizada en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque. El encuentro tuvo como objetivo evaluar la situación de la región y coordinar acciones entre las autoridades para proteger a la población ante las amenazas asociadas al fenómeno climático.

Pérez cuestionó la gestión de la ANIN y sostuvo que el Ejecutivo ha dejado expuesta a la población al mantener congelados, desde 2017, expedientes técnicos e intervenciones destinadas a la construcción de defensas ribereñas y sistemas de drenaje pluvial. También advirtió que la paralización de obras que ya fueron licitadas y la falta de pagos podrían generar arbitrajes y millonarias pérdidas para el Estado.

Como sustento de su reclamo, el gobernador presentó cifras de ejecución física correspondientes a junio de 2026, consignadas en el reporte oficial del SIAF-MEF. Según el mapa de inversión de la ANIN, Piura registra 0 % de avance físico en sus obras de prevención, Lambayeque alcanza apenas 15 % y Tumbes llega al 50 %, aunque sin obras avanzadas en el río Tumbes. Lima registra 30 %, mientras que La Libertad presenta 65 %, Áncash 75 % e Ica 80 % de ejecución.

Ante este escenario, el vicepresidente de la ANGR pidió a la Presidencia de la República intervenir de inmediato las dependencias involucradas y concretar el cambio del director de la ANIN. Asimismo, exhortó al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Fiscalía General de la República, y a la Defensoría del Pueblo a actuar de oficio para determinar eventuales responsabilidades y adoptar medidas destinadas a proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias peruanas.