Perú podría contar inicialmente con recursos por hasta US$ 6.000 millones para atender las consecuencias de un terremoto de gran magnitud, según un informe publicado por Gestión. Estos fondos provendrían de créditos contingentes con organismos multilaterales, la reserva de contingencia y el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), mecanismos que pueden activarse mediante una declaratoria de catástrofe.

El escenario cobra especial relevancia ante el riesgo sísmico del país. Un estudio realizado por instituciones científicas señala que existe una alta probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud similar o superior al registrado en 1746, que destruyó gran parte de Lima y provocó un tsunami en la costa. Además, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha advertido reiteradamente sobre la acumulación de energía sísmica frente al litoral peruano.

De acuerdo con la información publicada, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) reportó que solo el 15% de las viviendas del país se encuentran protegidas frente a un eventual desastre mediante algún seguro. Asimismo, cerca del 76% de la población de Lima y Callao se encontraría en un nivel de riesgo “muy alto”, equivalente a alrededor de 7,1 millones de personas, según datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Entre los recursos disponibles figura una línea de crédito contingente de US$ 2.500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra por US$ 2.500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). A ello se sumaría la reserva de contingencia del presupuesto público, que para este año bordea los S/ 4.061 millones, además de recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, cuyo saldo al cierre de 2025 alcanzaba aproximadamente US$ 1.594 millones. La activación de estos mecanismos dependería de la magnitud de la emergencia y de las condiciones establecidas para cada instrumento.

Expertos citados por Gestión advirtieron, sin embargo, que disponer de financiamiento no garantiza por sí mismo una respuesta eficiente. El exministro de Economía Luis Miguel Castilla señaló que el país debe contar con una estrategia financiera estructurada para enfrentar un desastre de gran magnitud, mientras que especialistas destacaron la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de ejecución del Estado y preparar mecanismos de respuesta antes de que ocurra un terremoto.