El sistema de venta presencial de 1,000 boletos para ingresar a Machu Picchu vuelve a generar posiciones distintas dentro del Gobierno. Mientras el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que esta modalidad continuará, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, cuestionó el actual modelo de gestión del principal destino turístico del Perú y planteó la necesidad de introducir cambios.

Durante una visita a Machupicchu Pueblo, Beingolea se reunió con autoridades y pobladores de la zona. En el encuentro, una vecina expresó su preocupación ante una eventual modificación de la venta presencial de entradas y defendió la permanencia de los 1,000 boletos. “Y va a seguir. Va a seguir existiendo”, respondió el ministro de Cultura ante los asistentes, dejando en claro que, por ahora, su despacho no contempla eliminar este mecanismo.

La posición de Valencia es diferente. En una entrevista publicada por Perú21, el ministro de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que Machu Picchu mantiene un modelo de gestión que lleva seis décadas y presenta problemas en el acceso al monumento, la logística, la venta de entradas y las reservas. Según explicó, esta situación está afectando al sector turístico porque los operadores no pueden garantizar a sus clientes el ingreso a la ciudadela.

Valencia señaló que la solución requiere ordenar los flujos de visitantes, mejorar la logística y modificar el modelo de gestión. Advirtió, además, que para septiembre prácticamente no existen espacios disponibles para quienes buscan planificar con anticipación un viaje a Machu Picchu. “En beneficio del bien mayor del país, un cambio en este proceso nos va a ayudar”, sostuvo el titular del Mincetur.

Los 1,000 boletos presenciales fueron oficializados en 2022 y obligan a los visitantes a acudir personalmente a la boletería del Ministerio de Cultura en Machu Picchu Pueblo. La modalidad ha generado largas colas, especialmente durante los periodos de mayor demanda, y debido a que el boleto permite ingresar a la ciudadela al día siguiente de su adquisición, puede obligar a los turistas a extender su permanencia en la zona.

La discrepancia entre ambos ministros vuelve a poner en discusión un problema que también comprende otros aspectos de la gestión de Machu Picchu, como el transporte de visitantes y los conflictos vinculados con operadores turísticos. El desafío para el Ejecutivo será conciliar la posición de Cultura, responsable de la administración de las entradas, con la de Mincetur, que debe promover y proteger la actividad turística, para definir una reforma integral que permita mejorar el acceso y la experiencia de los visitantes.