El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado la Ley N.º 32181, una norma que blinda legalmente a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) al momento de emplear su arma reglamentaria en actos de legítima defensa o en cumplimiento de su deber.

La ley, publicada en El Peruano, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal con el objetivo de garantizar la presunción de inocencia para los policías mientras desempeñan su labor.

La nueva legislación impide a jueces y fiscales solicitar o dictar detención preliminar o prisión preventiva contra policías que, en el ejercicio de sus funciones, ocasionen lesiones o muertes al hacer uso de sus armas reglamentarias.

Según el texto legal, “el fiscal se encuentra impedido de solicitar detención preliminar judicial contra el personal de la PNP en situación de actividad que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria”.

Con esta norma, se busca garantizar una mayor presencia policial en las calles, asegurando que los efectivos no sean encarcelados mientras se espera una sentencia. Esto, según sus promotores, otorgará mayor confianza y libertad a los policías en su lucha contra la criminalidad, fortaleciendo su capacidad de acción.

El parlamentario Víctor Torres, de Fuerza Popular, quien fue uno de los principales impulsores de la norma, defendió la medida argumentando que no busca generar impunidad para los policías.

“El policía que abate a un delincuente haciendo uso de su arma de reglamento estará exento de una detención preliminar o preventiva, nada más. Si hay algún elemento de culpabilidad o negligencia, tiene que ser juzgado obligatoriamente”, aseguró Torres, destacando que la ley respeta el debido proceso.

La Ley N.º 32181 también introduce un nuevo párrafo en el artículo 22 del Código Penal, estableciendo que las personas condenadas mayores de 80 años no cumplirán penas en centros penitenciarios. En su lugar, se les impondrán medidas como comparecencia con restricciones o detención domiciliaria.

La promulgación de esta ley ha generado opiniones divididas. Por un lado, se destaca como un respaldo necesario para los efectivos policiales que enfrentan altos niveles de criminalidad. Por otro, algunos críticos temen que la medida pueda generar excesos o abusos, por lo que será clave su implementación y supervisión.

La ley, que había sido aprobada en el Congreso a inicios de noviembre, entra en vigor inmediatamente tras su publicación.