La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero presentó una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros de Salud, Víctor Zamora, y de Economía, María Antonieta Alva, por el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas fallecidas durante la pandemia de COVID-19 en el Perú.

Ampuero señala que la adquisición de pruebas rápidas para detectar el virus en marzo de 2020, calificadas como ineficaces para un diagnóstico certero, no solo implicó un presunto acto de corrupción, sino que también habría provocado la muerte de miles de peruanos que confiaron en estos métodos. La exprocuradora afirma que esta decisión constituyó un caso de "dolo eventual", donde las autoridades conocían los riesgos y decidieron asumirlos.

El escrito presentado ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicita la ampliación de la investigación preliminar bajo cargos que incluyen homicidio calificado, propagación de enfermedad peligrosa y violación de medidas sanitarias. Ampuero también pidió que se revalore el material probatorio existente, argumentando que este es suficiente para proceder penalmente.

"La pena podría oscilar entre 25 y 30 años de prisión si se confirman las responsabilidades", declaró Ampuero, considerando la acumulación de delitos como homicidio y colusión. La exprocuradora enfatizó que esta acusación busca esclarecer las responsabilidades de una gestión que, según ella, no solo incurrió en corrupción sino que atentó contra la vida de miles de ciudadanos.

La Fiscalía de la Nación ya había reabierto la investigación preliminar contra Vizcarra y sus ministros por un plazo de 120 días, tras un archivo inicial que argumentaba insuficiencia de pruebas.

La denuncia ha generado debate público, especialmente en torno a la responsabilidad política y penal de los líderes en situaciones de crisis sanitaria. Ampuero concluyó afirmando que “los peruanos tienen derecho a conocer la verdad y a que ningún acto ilícito quede impune”.