La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero ha presentado una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra, así como contra sus exministros de Salud, Víctor Zamora, y de Economía, María Antonieta Alva, por el presunto delito de homicidio calificado. La acusación fue formalizada ante la Fiscalía de la Nación y se centra en las decisiones tomadas durante la gestión de la pandemia de COVID-19 en el Perú.

Ampuero sostiene que la compra de pruebas rápidas para la detección del virus en marzo de 2020, pese a que eran consideradas ineficaces, tuvo consecuencias fatales. Según la denuncia, estas acciones habrían contribuido a la muerte de cientos de miles de ciudadanos al exponerlos a diagnósticos imprecisos que afectaron la contención de la enfermedad.

“El uso de pruebas rápidas inadecuadas fue un acto de dolo eventual. Las autoridades asumieron los riesgos y priorizaron otros intereses, dejando a la población indefensa”, afirmó Ampuero, quien precisó que las penas podrían oscilar entre 25 y 30 años de prisión si se confirman las responsabilidades.

Además del homicidio calificado, la denuncia incluye los delitos de propagación de enfermedad peligrosa y violación de medidas sanitarias. Ampuero argumentó que las pruebas disponibles son suficientes para proceder penalmente contra los acusados y solicitó que la Fiscalía revise exhaustivamente los elementos recopilados.

Este caso se suma a una investigación preliminar que fue reabierta recientemente por un plazo de 120 días. Inicialmente, la denuncia fue archivada por falta de pruebas, pero las nuevas evidencias presentadas podrían dar un giro al caso.

La denuncia ha generado un intenso debate en torno a la responsabilidad política y penal de las autoridades durante situaciones de emergencia sanitaria. “La población tiene derecho a conocer la verdad y a que ningún acto ilícito quede impune”, declaró Ampuero, reafirmando su compromiso con esclarecer las decisiones que marcaron la gestión de la pandemia en el país.

Este caso no solo pone en el foco a Vizcarra y su equipo, sino que también abre un precedente sobre cómo se evalúan las acciones gubernamentales en contextos de crisis. La Fiscalía deberá decidir los próximos pasos en este proceso, que podría tener implicaciones significativas para los involucrados.