El partido político Renovación Popular, representado por Fernando Sandoval Ruiz, ha interpuesto una denuncia penal formal ante la División de Estafas de la Dirincri contra altos mandos de los organismos electorales. La acusación señala directamente a Piero Alessandro Crovetto Salinas, exjefe de la ONPE, como presunto autor de diversos delitos, y cita como testigo a Roberto Burneo Bermejo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en relación con irregularidades detectadas durante los comicios del pasado 12 y 13 de abril.

La denuncia sostiene que existió una omisión inexcusable en el traslado del material electoral en Lima, lo que habría facilitado una posterior manipulación del proceso. Según el documento, la ONPE procedió a adulterar y manipular sistemáticamente los resultados, registrando en su portal web actas electorales que no contaban con firmas físicas auténticas de los miembros de mesa. Se alega que se utilizaron firmas disímiles, escaneadas o pegadas para simular una legalidad inexistente en beneficio de otros competidores políticos.

Entre los cargos imputados figuran los delitos de falsificación de documentos, estafa, fraude procesal y abuso de autoridad. Los denunciantes sostienen que hubo un "concierto de voluntades" para proyectar una apariencia de legitimidad electoral mediante el registro de información falsa. Por ello, han solicitado que se investigue la posible existencia de una organización criminal enquistada en las instituciones electorales que habría operado para alterar la voluntad popular.

Como sustento técnico, se han presentado dos peritajes privados que advierten sobre graves vulnerabilidades informáticas en el sistema de cómputo de la ONPE. Estas pericias indican que el sistema permite inyecciones o modificaciones de resultados sin dejar trazabilidad, debido a la ausencia de firmas digitales criptográficas y la falta de registros de auditoría inmutables. Además, se reportan inconsistencias grafotécnicas en actas específicas donde los trazos de las firmas no coinciden con los de los titulares.

El documento detalla casos específicos de actas en distritos como Pomalca (Chiclayo), Alto Bravo (San Martín) y San Jerónimo (Apurímac). En estos lugares, se habrían detectado actas con numeración consecutiva donde los miembros de una mesa firmaron también la mesa contigua, registrando exactamente la misma votación en la sección de escrutinio. Estas "actas espejo" son presentadas como prueba de una fabricación coordinada de documentos para validar resultados electorales adulterados.

Finalmente, el petitorio exige a la Policía Nacional y al Ministerio Público iniciar una investigación urgente que incluya la incautación y cadena de custodia de las actas originales. Asimismo, solicitan que las autoridades se constituyan en la sede de la ONPE para resguardar el material probatorio y que se ordene una pericia grafotécnica y dactiloscópica oficial. La denuncia busca ampliar las responsabilidades a todos los funcionarios y administradores del sistema informático que resulten responsables de estos presuntos ilícitos.

DESCARGA AQUÍ LA DENUNCIA PENAL JUDICIAL: