Una nueva controversia sacude al Ministerio del Interior tras revelarse fallas en los procesos de adquisición de armamento destinado a reforzar la seguridad ciudadana.

Mientras el presidente José Jerí y el ministro Vicente Tiburcio insisten en que el Gobierno mantiene una estrategia firme contra la delincuencia, la compra de más de 31 mil pistolas de puño para la Policía Nacional terminó anulada, y ahora se investiga la elaboración de especificaciones técnicas para pistolas eléctricas y cámaras corporales destinadas a los serenazgos municipales. Las observaciones apuntan a inconsistencias que podrían favorecer a proveedores chinos.

El 13 de noviembre, mediante resolución ministerial, Tiburcio conformó un equipo encabezado por el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas, encargado de definir las características del equipamiento complementario para el Serenazgo. Sin embargo, las propuestas iniciales no considerarían los estándares establecidos por Naciones Unidas. Estos lineamientos indican que las pistolas eléctricas deben operar entre 800 y 1.000 voltios por no más de cinco segundos, pero en los documentos revisados se habrían planteado cargas de hasta 50.000 voltios, una tecnología ofrecida por firmas chinas prohibidas desde hace dos años en Estados Unidos.

Las observaciones también alcanzan el uso de dispositivos como el arco voltaico o paralizer, prohibidos por la ONU debido a que generan dolor intenso y vulneran derechos humanos. A ello se suma la preocupación por los criterios técnicos para las cámaras corporales del Serenazgo, que podrían limitar la participación de proveedores y favorecer tecnología de origen chino. Casos previos, como el de las 200 cámaras adquiridas por la Municipalidad de San Isidro y la PNP que nunca se usaron por no contar con una plataforma de almacenamiento adecuada, refuerzan la alerta sobre riesgos operativos y de inversión.

Mientras estas condiciones avanzan hacia su implementación, la Secretaría General del Mininter declaró la nulidad de la Contratación Internacional N.° 004-2025 para adquirir 31.045 pistolas de 9 x 19 mm por más de 20 millones de dólares. El proceso deberá retrotraerse hasta la formulación del requerimiento, lo cual podría demorar varios meses y afectar la capacidad operativa de la Policía. El portal Defensa.com confirmó que las irregularidades detectadas obligan a reiniciar todo el procedimiento, tal como había sido advertido previamente por informes periodísticos.

Este escenario ha generado mayor tensión en el sector Interior, donde persiste la preocupación por la falta de continuidad en las compras estratégicas y la posible influencia de proveedores específicos en las especificaciones técnicas. Aunque el Ejecutivo sostiene que los ajustes forman parte de una reorganización necesaria, las observaciones de especialistas y la revisión de procesos dejan en evidencia un ambiente de incertidumbre en momentos en que la ciudadanía exige resultados concretos frente al incremento del crimen organizado.

Las decisiones tomadas en las próximas semanas definirán si el Mininter logra corregir las fallas detectadas o si deberá enfrentar nuevas críticas por adquisiciones fallidas, demoras administrativas y riesgos de sobrecostos o vulneraciones a estándares internacionales. Por ahora, los procesos se mantienen bajo revisión, mientras continúa el debate sobre la pertinencia técnica y el impacto operativo de cada una de las medidas cuestionadas.