Varias organizaciones no gubernamentales peruanas aparecen entre las principales beneficiarias de fondos de la Unión Europea destinados a organizaciones de la sociedad civil en América Latina, según un estudio del Center for Fundamental Rights. El informe, difundido por Hungarian Conservative, señala que la Comisión Europea habría canalizado 939,5 millones de euros durante la última década hacia unas 800 ONG de la región. En el caso peruano, el documento identifica montos particularmente elevados en organizaciones vinculadas con derechos humanos, feminismo y organizaciones indígenas.

Una de las entidades peruanas que aparece con mayor financiamiento es el Centro de Políticas y Derechos Humanos-Perú Equidad, al que el estudio atribuye aproximadamente 6,65 millones de euros. El informe lo ubica dentro de la categoría denominada por sus autores como “interseccionalidad”. Los registros citados incluyen, entre otros, convenios para proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y comunidades indígenas, así como iniciativas de fortalecimiento institucional y participación en el país. En algunos de estos proyectos los fondos fueron otorgados a consorcios de organizaciones, por lo que el monto total del convenio no necesariamente corresponde íntegramente a Perú Equidad.

Otra organización peruana destacada es el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que, de acuerdo con el estudio, habría recibido 8,45 millones de euros. El documento la incluye dentro de su categoría sobre organizaciones feministas. La cifra convierte a esta institución en una de las organizaciones peruanas con mayor monto de financiamiento identificado en la investigación, aunque, nuevamente, el estudio advierte en determinados casos sobre recursos concedidos mediante proyectos compartidos entre varias entidades.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) también aparece entre las entidades peruanas analizadas, con aproximadamente 4,03 millones de euros atribuidos en el informe. El estudio la coloca dentro de la categoría de organizaciones vinculadas con el indigenismo y las reivindicaciones de pueblos indígenas. Además, menciona a otras entidades peruanas, entre ellas la Central Asháninka del Río Ene y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), aunque con montos considerablemente menores o mediante proyectos ejecutados conjuntamente con otras organizaciones.

El informe también registra fondos europeos destinados a organizaciones peruanas relacionadas con diversidad sexual y cuestiones de género. Los autores presentan estos recursos dentro de una categoría que denominan “LGBTQ”, y cuestionan que determinadas iniciativas de cooperación puedan incluir objetivos que, a su juicio, exceden la asistencia al desarrollo. Esta caracterización corresponde al Center for Fundamental Rights y al artículo que difunde sus conclusiones; los registros financieros de la Comisión Europea, por sí mismos, muestran los beneficiarios y los contratos, pero no califican esas actividades como parte de una determinada corriente ideológica.

En total, el estudio sostiene que la Comisión Europea destinó 939,5 millones de euros entre 2014 y 2024 a unas 800 organizaciones de América Latina y agrupó a los beneficiarios en siete categorías: interseccionalidad, organizaciones LGBTQ, feminismo, derechos sexuales y reproductivos, organizaciones indígenas y raciales, migración y libre circulación, y medios de comunicación, transparencia y libertad de prensa. Los investigadores señalan que una parte importante de los recursos fue canalizada a través de la estructura europea encargada de cooperación internacional.

El caso peruano adquiere especial relevancia dentro del informe porque tres organizaciones —Perú Equidad, Flora Tristán y ONAMIAP— aparecen entre los ejemplos con mayores montos individuales señalados por los autores. El estudio plantea cuestionamientos sobre la transparencia y el alcance de la cooperación europea y sostiene que debería existir una diferenciación más clara entre ayuda al desarrollo y financiamiento de actividades de incidencia política o cultural. Sus conclusiones, sin embargo, constituyen la interpretación del Center for Fundamental Rights sobre los datos de contratación de la Comisión Europea y no una evaluación oficial de Bruselas sobre las organizaciones mencionadas.