El Juzgado Supremo de Investigación preparatoria declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa legal del presidente Pedro Castillo, lo que permite que el Ministerio Público pueda seguir investigándolo durante el ejercicio de sus funciones.

Benji Espinoza, abogado de Castillo, sostiene que se están violando los principios constitucionales de legalidad procesal y de legalidad jurídica, por lo que apelará dentro de los tres días hábiles establecidos.

Uno de los argumentos de Espinoza es que no se le debe investigar al presidente porque los anteriores fiscales de la Nación tampoco investigaron a los anteriores mandatarios cuando estaban ejerciendo sus cargos. Sin embargo, tanto la fiscalía como el juzgado, confirman que las imputaciones contra Castillo son más graves.

En ese sentido, el juez Juan Carlos Checkley advirtió que de investigar a Pedro Castillo recién cuando termine su mandato podría generar impunidad, ya que de existir miembros de la organización criminal todavía en funciones se corre el riesgo de que puedan eliminar los indicios probatorios de los delitos.

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