Las graves fallas de planificación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima son el reflejo del constante caos político en Perú.

Por Marcelo Rochabrun, publicado en Bloomberg

Llegar tarde a un vuelo es un temor universal para los viajeros de todo el mundo. Sin embargo, un nuevo aeropuerto en la capital de Perú presenta obstáculos que prometen una experiencia particularmente frustrante.

La autopista destinada a trasladar rápidamente a los pasajeros hacia la terminal de 2.000 millones de dólares aún no ha sido construida, a pesar de que los vuelos están programados para comenzar en solo siete semanas. Tampoco se ha construido un puente para cruzar el río que bordea el recinto.

En el nuevo sistema de metro de Lima se ha planificado una estación denominada “Aeropuerto”, pero esta se construirá dentro de tres años, mucho más cerca del antiguo aeropuerto que será desmantelado.

“Tener una estación de metro llamada ‘Aeropuerto’ en un lugar donde ya no habrá un aeropuerto es el ejemplo más gráfico de nuestra falta de planificación como nación”, afirmó Carlos Gutiérrez, presidente de la asociación de aerolíneas del Perú.

Errores tan desconcertantes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son la consecuencia dolorosa de la incesante turbulencia política del país. La constante destitución y encarcelamiento de presidentes —y la consiguiente inestabilidad gubernamental que ha llevado a Perú a tener 24 ministros de Transporte desde 2001— está pasando factura a una nación que durante décadas fue vista como un bastión de estabilidad en comparación con sus vecinos más volátiles en América Latina.

El aeropuerto actual, el sexto con mayor tráfico en la región y un centro clave para Latam Airlines Group Inc., ha alcanzado su límite, transportando 24 millones de pasajeros el año pasado, casi el doble de su capacidad. El nuevo terminal podrá recibir hasta 30 millones de viajeros, con potencial para expandirse hasta 60 millones.

Las autoridades llevan décadas advirtiendo sobre la necesidad de un nuevo aeropuerto, y en 2018 se concretaron los planes para construir una nueva terminal al oeste del sitio actual, a cargo de la empresa alemana Fraport AG, cuya filial local es Lima Airport Partners. Sin embargo, desde entonces, Perú ha tenido siete presidentes distintos y, en medio de tantos cambios, el proyecto se desvió de su curso.

"Si alguien quiere un ejemplo del costo que la inestabilidad política, la alta rotación en los cargos públicos y la corrupción tienen para el país, no hay que buscar más", señaló Paola Lazarte, exministra de Transportes, quien dejó el cargo en septiembre de 2023 tras solo nueve meses en funciones.

El nuevo aeropuerto, que técnicamente se encuentra en el municipio del Callao, colindante con Lima, está programado para abrir el 30 de marzo, y el gobierno peruano se esfuerza por acondicionarlo a tiempo. Para ello, ha creado un acceso distinto al originalmente planificado con la autopista y ha desplegado dos puentes prefabricados, diseñados para desastres naturales, con el fin de cruzar el río Rímac.

Estos puentes permitirán el acceso de vehículos privados desde calles laterales congestionadas hasta la terminal, pero no hay servicio de autobuses programado ni espacio para que los peatones puedan cruzar. Esto representa un problema para los 17.000 trabajadores del aeropuerto, la mayoría de los cuales actualmente llegan a la terminal en transporte público. Además, las autoridades están preocupadas por la seguridad de los viajeros que tendrán que atravesar calles colapsadas por el tráfico en un barrio con altos índices de criminalidad.

En privado, los funcionarios del gobierno y de LAP se culpan mutuamente por la situación. LAP señala que la infraestructura dentro del aeropuerto se ha completado según lo estipulado, a pesar de que el gobierno tardó más de una década en entregar los terrenos. Se registró un error embarazoso cuando se instalaron ventanas en la nueva torre de control que generaban un efecto de doble visión para los controladores aéreos, aunque estas ya fueron reemplazadas. LAP rechazó hacer disponible para una entrevista a su director ejecutivo, Juan José Salmón.

Por su parte, el gobierno no ofrece una explicación clara sobre lo que salió mal y atribuye la responsabilidad a administraciones anteriores.

El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, quien ocupa el cargo desde hace 16 meses, rechazó una solicitud de entrevista. Ha afirmado que el nuevo aeropuerto será el mejor de Sudamérica y que cambiará el nombre de la estación de metro "Aeropuerto" para evitar confusiones. También anunció que desplegará a cientos de agentes policiales para patrullar la zona que rodea la nueva terminal y garantizar la seguridad pública.

"La seguridad es muy importante", dijo Salmón el año pasado. "Imaginen que algo le ocurra a un autobús lleno de turistas en esa zona del Callao; sería catastrófico".

Las últimas estimaciones indican que la línea de metro estará terminada en 2028, aunque no existen planes concretos para extenderla hasta el nuevo aeropuerto. La empresa responsable del proyecto ha señalado que no tiene interés en participar en dicha ampliación. Por su parte, el gobierno ha asegurado que la autopista de acceso al aeropuerto, que ha sufrido años de retrasos por problemas de expropiación, estará lista en tres años, e incluirá un puente como parte del proyecto.

Bryan Castillo, fundador de una asociación de arquitectos del Callao que también actúa como organización de defensa del vecindario, afirmó que el proceso fallido para poner en funcionamiento el nuevo aeropuerto es un reflejo de la falta de visión de los funcionarios gubernamentales. Le preocupa que la nueva autopista se convierta en una barrera que divida aún más el vecindario y cree que fue diseñada para ocultar la zona a los viajeros de alto poder adquisitivo.

"Es una estigmatización insultante", declaró Castillo en una entrevista. "Recién ahora nos damos cuenta de lo importante que habría sido la planificación urbana".