La agrupación de oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, Unión Naval, expresó su rotundo rechazo al pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la Ley N.º 32301, que reforma el marco legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Mediante un comunicado difundido este 19 de mayo, la agrupación cuestionó lo que considera una nueva intromisión de la CIDH en la soberanía nacional.

 

Según Unión Naval, la mencionada ley tiene como único propósito fortalecer la transparencia y supervisión en el uso de los recursos que reciben las organizaciones que gestionan cooperación técnica internacional no reembolsable. En ese sentido, calificaron de infundado el llamado de la CIDH para que el Estado peruano modifique la norma, argumentando que esta podría afectar la libertad de asociación y expresión de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

 

El pronunciamiento señala que resulta sospechoso que solo un determinado grupo de ONG —principalmente vinculadas a derechos humanos, causas LGBTI y feministas— haya protestado por esta reforma legal, mientras otras entidades que promueven la cultura, la educación o el apoyo social no han expresado reparos. Unión Naval cuestionó además el trasfondo ideológico de estas organizaciones y las acusó de actuar con intereses políticos ajenos al bienestar del país.

 

Asimismo, la agrupación naval criticó duramente lo que consideran una defensa parcializada por parte de la CIDH, que —según ellos— se ha centrado en proteger los derechos de condenados por terrorismo, dejando de lado casos que afectan a miembros de las Fuerzas Armadas. En particular, mencionaron procesos judiciales abiertos contra oficiales involucrados en el caso del penal El Frontón, así como otros casos que, según afirmaron, carecen de pruebas y se han prolongado por décadas.

 

Unión Naval reiteró que la CIDH no tiene autoridad legal ni moral para intervenir en los asuntos internos del país y lamentó que la organización internacional omita pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por personal militar. Además, cuestionaron que se pretendan aplicar retroactivamente figuras jurídicas que no existían en la legislación peruana al momento de los hechos investigados.

 

Finalmente, la agrupación hizo un llamado al gobierno peruano para que desestime completamente el pronunciamiento de la CIDH respecto a la Ley N.º 32301, subrayando que su aplicación responde a principios de transparencia y legalidad plenamente reconocidos por el Estado peruano y no debe ser objeto de revisión por presiones externas.