El Poder Judicial dispuso ampliar por 18 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, actualmente asilada en México, así como contra sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y otros implicados en el denominado caso Anguía.

La medida fue adoptada por la jueza Lorena Sandoval, quien declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público, que había solicitado una prórroga de 36 meses adicionales. La magistrada consideró que un plazo de 18 meses resulta idóneo, necesario y proporcional para la complejidad del proceso y las diligencias pendientes.

Según la resolución judicial, la ampliación rige a partir del vencimiento del plazo inicial de 36 meses, fijado para el 19 de agosto de 2025, por lo que la nueva fecha máxima para la conclusión de la investigación será el 19 de enero de 2027. Dentro de ese periodo, la Fiscalía deberá emitir la disposición que corresponda conforme a sus atribuciones legales.

La jueza Sandoval sostuvo que existen circunstancias que han generado una especial dificultad en la investigación, por lo que resulta justificado otorgar tiempo adicional para recabar elementos de convicción tanto de cargo como de descargo. Asimismo, señaló que este plazo respeta el derecho de los investigados a un proceso dentro de un tiempo razonable y el interés público en una persecución penal eficaz.

En su resolución, la magistrada precisó que la prórroga tiene carácter excepcional y que el Ministerio Público debe administrarla con la máxima diligencia, priorizando la definición de la situación jurídica de los investigados. En ese marco, programó para el miércoles 28 de enero, a las 11:00 a. m., una audiencia virtual para evaluar las solicitudes de control de plazo presentadas por algunas de las defensas.

El Ministerio Público atribuye a Lilia Paredes, a sus hermanos, al exalcalde José Medina y a otros investigados integrar una presunta organización criminal dedicada a manipular licitaciones públicas. Según la acusación fiscal, dicha red habría operado en Lima, Cajamarca y Amazonas, favoreciendo a empresas de fachada con la adjudicación de obras vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pese a no cumplir los requisitos legales exigidos.