La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra y dos de sus exministros, María Antonieta Alva y Víctor Zamora, por presunta colusión agravada en la compra de pruebas rápidas durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.

En el documento remitido al Legislativo, el Ministerio Público sustenta su acusación con 131 elementos de convicción que incluyen correos, documentos oficiales y testimonios.

Según la investigación fiscal, el gobierno vizcarrista habría impulsado un proceso de contratación fuera de los mecanismos habituales para favorecer la adquisición de pruebas serológicas a dos empresas específicas. Este procedimiento no solo habría transgredido la normativa vigente, sino que también habría generado un perjuicio económico al Estado superior a los 22 millones de soles. La denuncia subraya que se diseñó “un proceso de contratación no previsto” para asegurar estas adquisiciones en el marco de la emergencia sanitaria.

La fiscalía considera que los responsables habrían aprovechado la situación crítica generada por el inicio de la pandemia para concretar la compra de pruebas rápidas, pese a que existían dudas sobre su efectividad en comparación con otras modalidades de diagnóstico como las pruebas moleculares. Este hecho, según la acusación, no solo representó una mala decisión técnica, sino también un acto deliberado que benefició a determinados proveedores.

El caso se suma a otras investigaciones que enfrenta Vizcarra, entre ellas el juicio oral por el llamado “club de la construcción” y la ejecución de dos obras en Moquegua durante su gestión como gobernador regional. Además, ya existen otras denuncias constitucionales en curso, como la que involucra la polémica contratación de Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing', en el Ministerio de Cultura.

De avanzar esta nueva denuncia en el Congreso, Vizcarra y sus exministros podrían afrontar una acusación formal por delitos contra la administración pública, lo que implicaría consecuencias legales significativas y reforzaría el complejo escenario judicial que rodea al exmandatario desde que dejó el cargo.