La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial una acusación formal contra Pedro Pablo Kuczynski y otros exfuncionarios por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

El caso se refiere al proceso de concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte), adjudicado entre 2003 y 2005 a un consorcio integrado por Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero.

El Ministerio Público sostiene que Kuczynski, entonces ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión, habría sostenido reuniones con Jorge Barata para favorecer los intereses de empresas vinculadas al proyecto vial. Según la acusación, ese favorecimiento se tradujo en la adjudicación de la buena pro y en la suscripción del contrato de concesión, generando un perjuicio económico estimado en más de 108 millones de dólares.

La Fiscalía solicitó una pena de ocho años y medio de prisión para Kuczynski y para el exfuncionario José Ortiz. Para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico se requirió una condena de nueve años, al considerarse que todos formaron parte del proceso de promoción que derivó en la concesión cuestionada.

El expediente presentado incluye documentación sobre reuniones, comunicaciones y acuerdos que, según la tesis fiscal, sustentan la existencia de un direccionamiento en favor de la concesionaria. Estos elementos serán evaluados por el Poder Judicial durante la etapa de control de acusación, paso previo a la eventual apertura de juicio oral.

Con esta imputación, el Equipo Especial Lava Jato suma su caso número 31, en una línea de investigaciones centradas en presuntos actos de corrupción de alto nivel vinculados a megaproyectos de infraestructura. La Fiscalía remarcó que la acusación busca asegurar la rendición de cuentas por decisiones que habrían afectado gravemente el interés público.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando los procesos relacionados con las concesiones de infraestructura en el país, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y reforzar los mecanismos de integridad en la gestión estatal.