El Poder Judicial aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza, por su presunta participación en la elaboración de un reglamento que habría permitido a fiscales investigar directamente delitos, contraviniendo el marco legal vigente. La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, tras la comunicación de la Fiscalía de la Nación para continuar con las diligencias por un plazo de 120 días.

La resolución dispone que la investigación se formalice por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, en agravio del Estado. El fallo será notificado a la Fiscalía, a la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal de Espinoza, con lo que se activa una nueva etapa del proceso penal en su contra.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Espinoza Valenzuela, en su condición de fiscal suprema y miembro de la Junta de Fiscales Supremos, habría intervenido en octubre de 2024 en la redacción, evaluación y validación del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito. Dicho reglamento habría facultado a los fiscales a ejecutar directamente investigaciones preliminares, pese a que la Ley N.° 32130 asigna esa función a la Policía Nacional del Perú, dejando al Ministerio Público la conducción jurídica de las pesquisas.

Este proceso judicial se suma a la decisión adoptada por el Congreso el pasado 3 de diciembre, cuando con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones se aprobó la inhabilitación de Delia Espinoza por diez años para ejercer cargos públicos, además del levantamiento de su antejuicio político, en el marco de la misma causa.

La defensa de Espinoza, a cargo del abogado Rodolfo Pérez, sostiene que el informe final de la denuncia constitucional se centra en la aprobación de la resolución 2246, pero afirma que su patrocinada no firmó dicha norma. Según precisó, el reglamento cuestionado fue suscrito por el fiscal interino Juan Carlos Villena, argumento que, a su juicio, debilita la imputación formulada contra la exfiscal suprema.

En paralelo, la defensa legal presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia contra el Congreso de la República, con el objetivo de anular la inhabilitación. En el recurso se alega la vulneración del derecho al debido proceso, a la debida motivación de las decisiones, a la defensa, a un proceso imparcial y al principio de igualdad y no discriminación, aspectos que ahora deberán ser evaluados en la vía constitucional.