La reciente condena por su fallido golpe de Estado cerró una de las principales causas penales contra Pedro Castillo, pero no marcó el fin de sus problemas con la justicia.

El expresidente sigue enfrentando un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción y organización criminal, así como ocho denuncias constitucionales presentadas por la fiscalía para que el Congreso autorice levantar su inmunidad y pueda ser procesado en otros casos.

De acuerdo con información recopilada por El Comercio, las investigaciones pendientes abarcan acusaciones por presuntas irregularidades cometidas durante su gobierno. Aunque ninguna de ellas ha derivado todavía en una acusación formal, se encuentran avanzadas en etapas clave de indagación. Entre estas destacan los casos vinculados a la presunta red de negocios ilícitos en torno al inmueble de Sarratea, considerado uno de los frentes más graves que involucran al exmandatario.

El abogado penalista César Nakazaki ha resumido el Caso Sarratea como una organización que habría operado desde el entorno más cercano a Castillo para direccionar contratos y favorecer intereses particulares. Las pesquisas buscan establecer hasta qué punto esa red alcanzó al entonces jefe del Estado y cuál fue su participación directa o indirecta en los presuntos actos ilícitos.

Mientras tanto, el expresidente permanece condenado por su intento de quebrar el orden constitucional, pero con un panorama judicial aún abierto. Los procesos en curso y los pedidos para levantar su inmunidad anticipan que su situación legal seguirá en el centro de la agenda en los próximos meses.