El Poder Judicial impuso condenas de seis años y cinco meses de prisión a Luis R. y José A., integrantes de una banda dedicada al tráfico ilegal de información personal obtenida mediante accesos ilícitos a plataformas estatales. Ambos fueron hallados culpables de delitos vinculados a la ciberdelincuencia tras comprobarse su participación en la filtración de los datos de 23.228 ciudadanos peruanos.

La investigación determinó que los sentenciados vulneraron sistemas digitales de entidades públicas desde 2023 y accedieron ilegalmente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). De acuerdo con la resolución judicial, los procesados no solo ingresaron sin autorización a las bases de datos, sino que también comercializaron la información obtenida mediante redes como WhatsApp y Telegram.

El Ministerio Público acreditó que los imputados operaban a través del dominio “Zorrito run run”, donde sistematizaron y ofrecieron datos sensibles, entre ellos información de identidad, registros patrimoniales, vínculos familiares y reportes crediticios. La fiscal adjunta provincial Malena Ayala Gonzales detalló que los acusados explotaron debilidades en sitios web de diversas instituciones, lo que les permitió acceder y copiar información protegida del Reniec.

Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó que ambos paguen de forma solidaria una reparación civil de S/ 75.000 en favor del Reniec, además de 145 días multa cada uno, lo que asciende a S/ 14.000 y S/ 1.570,35 según la responsabilidad individual acreditada. La decisión también reconoce el allanamiento, incautación de equipos informáticos y pericias digitales como elementos clave que confirmaron la existencia de la red criminal.

El caso incluyó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, procedimientos que permitieron reconstruir las operaciones digitales de la organización y la ruta del dinero generado por la venta ilícita de datos personales. La Fiscalía concluyó que la banda operaba con un esquema sostenido de acceso indebido, extracción masiva de información y comercialización en plataformas clandestinas.

Los condenados continuarán recluidos en el penal de Lurigancho del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde ya cumplían prisión preventiva. La sentencia representa uno de los fallos más contundentes emitidos en los últimos años contra estructuras dedicadas al tráfico ilegal de datos personales y constituye un precedente relevante en la lucha contra la ciberdelincuencia en el país.