Por Iván Alonso, economista
Publicado en El Comercio

Tal como hemos escuchado en los debates de esta semana, la derogación de las llamadas leyes procrimen es la piedra angular —en algunos casos, la única piedra— de las propuestas en materia de seguridad ciudadana de más de un candidato a la presidencia. Detrás del tono enérgico e indignado con que se expresan encontramos, sin embargo, improvisación. No solamente porque, como presidente, el candidato no tendría la facultad de derogar ninguna ley, pues esa facultad es del Congreso, sino además porque nadie ha demostrado que el aumento de la criminalidad se deba a tales leyes.

Sin entrar en más detalle, porque no es nuestra especialidad, digamos que una de esas leyes, la 32326, que exige una sentencia firme antes de proceder con la incautación de los bienes de un acusado, es una protección elemental de la propiedad privada contra los abusos del poder. Derogarla sería un atentado contra la presunción de inocencia y puede convertirse, a la larga, en un desincentivo para la inversión.

Pero vayamos al problema de la causalidad. Las leyes en cuestión son un conjunto de ocho leyes promulgadas entre marzo del 2023 y agosto del 2025. Como quiera que se lo mida, el aumento de la criminalidad las precede. Las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud crecían 15% al año antes de que se promulgara la primera de esas leyes; las denuncias por delitos contra el patrimonio, casi 30% al año. En el 2023, el crecimiento de las denuncias por ambos tipos de delito, más bien, se redujo al 10%, y en el 2024 las denuncias cayeron en 19% y 27%, respectivamente. Todos estos datos son del Ministerio del Interior y los publica el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en su portal. Si algún candidato tiene mejores cifras, sería bueno que las muestre.

Por otro lado, el número de personas detenidas por los delitos a los que nos hemos referido más arriba ha estado subiendo rápidamente desde el 2017. Esa tendencia no ha cambiado ni para bien ni para mal después de la aprobación de las “leyes procrimen”, aunque el tiempo transcurrido no es tanto como para sacar conclusiones. Si una mayor proporción de las personas detenidas está siendo liberada a los pocos días u horas gracias a esas leyes, como sugieren sus críticos, no lo sabemos. El INEI no publica esas cifras. Otra vez, si algún candidato las conoce, que las muestre. Si no, no queda claro qué ganaríamos derogándolas.