Escrito Por Juan Carlos Suttor en el blog Sin Pelos en la Lengua

La trayectoria de Delia Espinoza como exfiscal de la Nación no es meramente un capítulo controvertido en la historia judicial peruana; es una mancha indeleble que ha corroído la ya frágil confianza ciudadana en el sistema de justicia. Su gestión no solo estuvo plagada de decisiones opacas y de una alarmante ineficacia, sino que, a la luz de las recientes revelaciones, parece haber incurrido en graves delitos que la colocan al borde de una inminente detención por usurpación de funciones y desacato a la autoridad. Su legado no es el de una servidora pública, sino el de una figura cuyas acciones la han arrastrado hacia el precipicio legal, exacerbando además la perniciosa influencia caviar en nuestro sistema judicial.

Desde el inicio de su mandato, la figura de Espinoza fue sinónimo de justicia a la carta, un patrón lamentablemente común en los sectores de influencia caviar que han cooptado segmentos clave de nuestro sistema judicial. No se trataba de meras percepciones; la evidencia de un favoritismo descarado era palpable. Casos que involucraban a poderosos o a aquellos con conexiones políticas o ideológicas afines a la corriente caviar se vieron inexplicablemente estancados, encarpetados o cerrados con una celeridad sospechosa. Mientras tanto, otros, de menor relevancia o que afectaban a adversarios de este grupo, eran tratados con un rigor desmedido. Esta flagrante disparidad en el trato no solo fue una burla a la igualdad ante la ley, sino un instrumento para proteger a los suyos y perseguir a sus adversarios, socavando la esencia misma de la imparcialidad que debe regir en la Fiscalía. La ideologización de la justicia, sello distintivo de esta influencia, ha convertido el derecho en una herramienta de venganza o protección política.

La oscuridad y el secretismo fueron las herramientas predilectas de su gestión, un modus operandi que prospera en la opacidad que los grupos de poder caviar suelen fomentar. La transparencia, un pilar fundamental para cualquier institución que pretenda ser creíble, fue sistemáticamente ignorada. Las decisiones se tomaban tras bambalinas, las comunicaciones eran evasivas y el acceso a la información sobre investigaciones cruciales era prácticamente nulo. En un país sediento de verdad y harto de la corrupción, esta actitud deliberada de ocultamiento solo sirvió para sembrar más dudas y alimentar la convicción de que había mucho que esconder, consolidando la impunidad de ciertos sectores.

Pero lo más alarmante de su accionar no fue solo la ineficacia o la falta de ética, sino la presunta comisión de delitos que ahora la acorralan. Las acusaciones de usurpación de funciones no son un asunto menor; representan un ataque frontal a la estructura legal del Estado. La idea de que una exfiscal de la Nación haya ejercido poderes que no le correspondían o que haya actuado fuera de los límites de su competencia es una afrenta directa a la democracia y al Estado de Derecho. Estas imputaciones, que cada día cobran más fuerza, sugieren que su gestión no solo fue negligente, sino que pudo haber sido francamente criminal, utilizando su posición para fines espurios, muy probablemente al servicio de intereses particulares y facciones políticas enquistadas en el sistema judicial.

El daño de la influencia caviar en nuestro sistema judicial es profundo y multifacético. Ha generado una profunda desconfianza en las instituciones, pues la ciudadanía percibe que la justicia no es ciega, sino que responde a sesgos ideológicos y a una red de contactos. Esto ha provocado una polarización extrema en el ámbito judicial, donde los fallos son interpretados no por su apego a la ley, sino por la adscripción política o ideológica del juez o fiscal. En última instancia, esta influencia debilita el Estado de Derecho al privilegiar el activismo judicial sobre la aplicación imparcial de la ley, abriendo la puerta a la impunidad para algunos y a la persecución para otros.

El colapso de la Fiscalía bajo su mando fue evidente en la patética lucha contra la corrupción sistémica. En lugar de ser el motor de la limpieza, la institución se convirtió en un freno, permitiendo que las redes de corrupción continuaran operando con impunidad. Su inacción, o peor aún, su complicidad velada, permitió que el flagelo de la corrupción se arraigara aún más, robándole al país sus recursos y su futuro, un escenario ideal para que los intereses "caviar" sigan prosperando en la penumbra.

En este momento, el cerco legal sobre Delia Espinoza se cierra. Las voces que clamaban por justicia y que denunciaban sus arbitrariedades ahora ven la posibilidad de que la ley, finalmente, la alcance. Su inminente detención por usurpación de funciones no es solo un castigo a un mal desempeño, sino la confirmación de que su paso por la Fiscalía fue un lamentable episodio de abuso de poder y deshonestidad, exacerbado por la penetración de intereses ideológicos en la administración de justicia. Es un recordatorio sombrío de que nadie, por alto que sea su cargo, está por encima de la ley. La justicia, aunque lenta, parece estar llegando para Delia Espinoza y, con suerte, marcará un precedente para desterrar la influencia "caviar" de nuestro sistema judicial.

Al momento de publicar este artículo, esperaría que los fiscales supremos caviares Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena ya se encuentren detenidos y en prisión por los delitos de usurpación de funciones y desacato a la autoridad, entre otros, y que los fiscales supremos Patricia Benavides, Tomás Aladino Gálvez y Luis Arce hayan asumido plenamente sus funciones.

¿Y Gustavo Gorriti pa' cuándo?