Por Fernando Cáceres Freyre, director Ejecutivo de Síntesis Instituto
Publicado en El Comercio

“La mejor salida para la situación actual pasa por determinar si las competencias actuales de la ATU pueden separarse”.

La congresista Patricia Chirinos de Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley (PL 11412) que busca desaparecer la ATU, para devolverle a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Municipalidad Provincial del Callao (MPC) las funciones de planificación, regulación, fiscalización y prestación de los servicios de transporte.

La ley de creación de la ATU, Ley 30900, tenía como objetivo –según su exposición de motivos– mejorar la gobernanza del transporte urbano –para a su vez mejorar el tráfico– en un contexto de alta complejidad institucional y competencial, debido a la incapacidad para que se pongan de acuerdo la Municipalidad Metropolitana de Lima con la Municipalidad Provincial del Callao para la gestión de las áreas conurbadas (espacios contiguos que al crecer forman una unidad funcional).

A lo largo de los más de seis años que han pasado desde su creación, la ATU ha demostrado que no pudo lidiar con las 23 competencias que le encargó su ley de creación y las demás que se le han entregado. El cargo le quedó grande. Claramente, compilar funciones debajo de una sola entidad sin capacidad de gestión no funcionó.

De otro lado, la ATU no ha tenido suficiente muñeca y capital político para lidiar con los obstáculos que se le interpusieron para implementar cambios sustanciales; principalmente, en el control de informalidad del transporte, la consolidación de un sistema interoperable entre el Metropolitano, el metro, los corredores y el transporte convencional, etc.

Y, desde luego, el objetivo de mejorar el tráfico claramente tampoco se logró: Lima se encuentra entre las nueve ciudades con mayor tráfico en el mundo, y actualmente un ciudadano se demora más para desplazarse que Francisco Pizarro (la velocidad promedio ha caído hasta los 11km/h en hora punta, según TomTom).

Vistos los hechos, la ATU no fue la solución, pero eso no quiere decir que el regreso a un sistema municipal de gestión provincial del transporte lo vaya a ser. Las cosas no tienen que ser blanco o negro.

Es importante no volver a caer en un régimen que sea caldo de cultivo para conflictos competenciales, pues ello implicaría volver a la época en que municipalidades provinciales como Callao o Huarochirí podían otorgar autorizaciones de transporte urbano de pasajeros, que eran incompatibles con las disposiciones de la MML orientadas a la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Lima.

El proyecto de la congresista Chirinos, además de devolver las funciones a los municipios provinciales, solo propone crear una comisión técnica de transferencia para la reasignación de competencias, la cual estaría compuesta por el MTC, la MML y el MPC (los mismos que conforman el directorio de ATU) y la contraloría. Y en el país de las “comisiones técnicas” es muy poco probable que esta cumpla con éxito su propósito.

En mi opinión, las competencias de la ATU deberían dividirse. Una entidad debería quedarse con la planificación, regulación, y fiscalización, y otra entidad debería ser la encargada de gestionar la prestación de los servicios de transporte.

Pero determinar la mejor salida para la situación actual pasa ante todo por determinar si las competencias actuales de la ATU pueden separarse, de cara a mejorar la gestión. No por un regreso al sistema de gestión municipal. Ese análisis no lo ha hecho Chirinos en su propuesta, con lo cual la opinión pública termina creyendo que la decisión es ATU sí o ATU no, y especulando así con un servicio esencial para la vida de limeños y chalacos (cuesta hasta 155 horas/hombre según TomTom).

En resumen, los problemas existen, pero antes de borrar a la ATU de un plumazo analicemos si cabe la posibilidad de dividir sus funciones de cara a una gobernanza que mejore nuestra calidad de vida.